Luego de que un reportaje dominical revelara que en lo que va del 2023 se han realizado 496 denuncias contra profesores de colegio por acoso o abuso sexual, pero que los nombres de los investigados permanecen en secreto para proteger sus datos personales, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que publicará la relación de docentes sentenciados por violación.
Así lo confirmó la titular del sector, Magnet Márquez Ramírez, quien considera una medida necesaria y que debió ser implementada por anteriores gestiones.
“Debemos defender con firmeza los derechos de nuestros niños y actuar de manera resuelta para que no se repitan hechos repudiables en los colegios”, dijo la ministra de Educación.
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En esa línea, remarcó que es inadmisible aceptar que se mantenga en reserva la identidad de personas que “han malogrado la vida de niños inocentes” y que tienen alguna posibilidad de llegar a escuelas privadas o incluso dar clases particulares.
Además, Márquez Ramírez, informó que se ha aprobado una resolución ministerial que dispone que los docentes separados preventivamente y que han sido puestos a disposición de una unidad de gestión educativa local o una dirección regional de Educación realicen labores administrativas de manera no presencial, mientras dure el proceso administrativo o judicial correspondiente.
“Nuestro objetivo es hacer de las escuelas lugares seguros para que nuestros niños y jóvenes no corran ningún riesgo y puedan estudiar sin problemas ni contratiempos que afecten su integridad física y psicológica”, remarcó.
LA LISTA OCULTA
El último domingo, el programa ‘Día D’ reveló que el Ministerio de Educación ha recibido por el portal Siseve 496 denuncias, 403 de las cuales están relacionadas al abuso sexual, solo en lo que va del año.
El Minedu tiene 90 días para investigar cada uno de esos casos y, mientras dura el proceso, los maestros separados son separados de su cargo. Al final de la investigación se tomará la decisión de reponerlo o no.
Sin embargo, así sea hallado culpable, su nombre no es revelado debido a que se anteponía la ley de protección de datos, lo que permitía que algunos profesores puedan reciclarse en otras instituciones educativas, tal como evidenció el informe.
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