Duro golpe al desarrollo. El cierre de operaciones de cuatro unidades mineras formales en Ayacucho, anunciado por la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, provocará que más de 54 mil puestos de trabajo se pierdan, y que la inestabilidad económica se instale en dicha región, alertó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
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Señalaron que la decisión de clausurar las unidades de las empresas Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) fue ilegal y que la Premier se extralimitó en sus funciones.
“Más de 54 mil familias perderían su trabajo con esta decisión. Es un golpe a la economía del país. La decisión del gobierno ha sido ilegal y arbitraria. En una semana, el presidente Castillo pide que empresarios inviertan y a los días la primera ministra firma un acuerdo para cerrar mineras”, dijo Raúl Jacob, titular de la SNMPE en conferencia de prensa.
En tanto las empresas mineras involucradas denunciaron que la titular de la PCM los amenazó con el cierre de operaciones y la negación de ampliación para procesos de explotación y exploración.
“No hemos sido consultados ni avisados (sobre el cierre). Tenemos los permisos ambientales para seguir operando. Es un atropello a la inversión privada y a la estabilidad del país, miles de peruanos se quedarán sin trabajo”, manifestaron.
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INCERTIDUMBRE
Para la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, la decisión del Gobierno solo generará rechazo e incertidumbre en la población.
“Nosotros insistiremos en la defensa de la inversión pública y privada con seguridad jurídica”, agregó.
En tanto, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) aseguró que, con esta polémica decisión el Gobierno “pide a gritos que lo vaquen”.
“Irresponsables declaraciones de la Premier, ponen nuevamente en riesgo la economía y las inversiones extranjeras que implicarían despidos y miles de desempleados. La ideología terca y caprichosa de la izquierda anti minera entorpece nuestra estabilidad económica y social”, acotó.
