El reciente fallo judicial contra Martín Vizcarra no solo lo deja frente a una de las condenas más severas impuestas a un expresidente peruano, sino que también golpea directamente su economía. La Corte Superior Nacional sentenció al exmandatario a 14 años de prisión efectiva por delitos de cohecho cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, un giro que sorprende incluso en un escenario político acostumbrado a los escándalos de corrupción. Pero a este duro revés se suma una obligación millonaria que deberá asumir ante el Estado peruano.
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La resolución judicial concluyó que Vizcarra recibió 2.3 millones de soles en sobornos, dinero ligado a dos megaproyectos regionales. En consecuencia, fue condenado a seis años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y a ocho años por el caso Hospital de Moquegua, acumulando una pena que lo aleja por completo de cualquier aspiración política a corto y mediano plazo. Estas conclusiones se sustentan en los testimonios, documentos y declaraciones brindadas durante el prolongado proceso oral.
La magistrada a cargo del caso, la jueza Milagros Ayasta, dispuso además la inhabilitación por nueve años del ex jefe de Estado, impidiéndole ejercer cargos públicos o acceder a contratos con el Estado. Asimismo, fijó una reparación civil de S/ 2 millones 336 mil. Asimismo, se considera un monto de un monto de 94 900 soles por concepto de días multa.
Terceros responsables podrían ayudar a pagar reparación civil
Este monto deberá ser cubierto por Martín Vizcarra y ‘solidariamente’ por los terceros responsables que participaron en los proyectos cuestionados. El fallo señala que este pago podrá ser exigido de manera solidaria a las empresas implicadas.
Dentro del proceso, un punto clave fue la participación de las compañías constructoras involucradas, señaladas por la Fiscalía como parte esencial del esquema delictivo. Cuatro consorcios figuran como terceros civiles responsables: Obrainsa–Astaldi e ICCSA–INCOT, ambas uniones empresariales que ejecutaron las obras objeto de investigación. Según el Ministerio Público, estas firmas habrían entregado los pagos ilícitos al entonces gobernador a cambio de facilidades y ventajas contractuales.
El consorcio Obrainsa–Astaldi fue responsable del proyecto Lomas de Ilo, obra por la que, según la imputación fiscal, Vizcarra recibió S/ 1 millón. Por su parte, ICCSA–INCOT ejecutó la ampliación del Hospital de Moquegua, operación que habría incluido el pago de S/ 1.3 millones al hoy sentenciado exmandatario. La Fiscalía sostuvo que ambos montos constituyeron coimas a cambio de la continuidad y aprobación de las obras.
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