Martín Vizcarra enfrentó su última participación ante el tribunal antes de conocer el fallo por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, proceso en el que el Ministerio Público solicita 15 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia será leída este miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a. m., en una audiencia que marcará el cierre de un juicio seguido durante varios años.
El exjefe de Estado centró su defensa en que, desde el inicio, decidió presentarse a todas las diligencias, sin considerar la posibilidad de fugar del país ni recurrir a pedidos de asilo. Señaló que ha sido sentenciado públicamente antes de una resolución judicial y afirmó que se mantiene confiado en la imparcialidad del tribunal.
“Aquí estoy, en carne y hueso. No soy un holograma. Estoy presente y estaré cuando ustedes determinen, señores jueces, para escuchar la sentencia”, enfatizó.
Durante su intervención final, insistió en que la Fiscalía vulneró principios como la veracidad, objetividad, transparencia y reserva, al filtrar la investigación cuando aún ostentaba la presidencia en octubre de 2020. Según su versión, esa filtración precipitó su destitución y generó un impacto mediático que afectó su imagen pública.
Vizcarra reiteró que es “completa y absolutamente inocente” de los cargos de cohecho que se le atribuyen por presuntamente haber recibido S/ 2,3 millones a cambio de favorecer a las empresas Obrainsa e ICCGSA en dos obras regionales adjudicadas durante su gestión en Moquegua.
El exmandatario cuestionó que, a pocos días del juicio oral, otros investigados privados fueran excluidos de la etapa preparatoria, lo que lo dejó como único procesado en un caso que involucra a empresas que —según explicó— participaron en más de cien licitaciones investigadas por la Fiscalía. Sostuvo que los responsables de esas adjudicaciones no han recibido sanciones equivalentes ni enfrentaron prisión.
También rechazó las declaraciones que lo señalan como receptor de sobornos y afirmó que las fechas mencionadas por los colaboradores eficaces no coinciden con su presencia física en Moquegua, acreditada —según su defensa— con documentos oficiales y registros. Añadió que no existen imágenes, registros o testimonios directos de empleados de las empresas que corroboren entregas de dinero.
“Detrás de mí está una familia, tengo una esposa, tengo cuatro hijos, tengo tres hermanos. Tengo familiares que sienten y les duele cada mentira que ven en los titulares”, mencionó
En su exposición ante los jueces, Vizcarra afirmó que el tratamiento de su caso ha sido desigual y que se le atribuyen simultáneamente roles de receptor, intermediario y corruptor, algo que consideró incompatible y sin sustento probatorio.
“Periódicamente, he estado sujeto a un cuestionamiento de diversos medios de comunicación que atribuían los supuestos delitos que hablaba el Ministerio Público como hechos reales. […] Yo ya he sido castigado por actos que no respetan los propios principios del Ministerio Público", señaló.
El Ministerio Público sostiene que Vizcarra permitió acuerdos irregulares para favorecer al consorcio Obrainsa-Astaldi en la obra Lomas de Ilo y a ICCGSA en el proyecto de ampliación del Hospital Regional de Moquegua. Parte de esos pagos ilícitos —según la tesis fiscal— habrían sido entregados en 2013 y 2014.
La Fiscalía asegura que parte del dinero fue canalizado a través del exministro José Hernández por encargo de un ejecutivo vinculado a las constructoras. Ante estos señalamientos, Vizcarra y su defensa consideran que no existe prueba material que respalde la imputación.
En medio del proceso, una investigación periodística difundió documentos que, según la Fiscalía, contradicen la versión del exmandatario respecto a su presencia en reuniones con UNOPS en Lima en noviembre de 2013. Entre ellos figura una autorización de comisión de servicios firmada por él mismo, así como un memorándum que delegaba a dicho organismo la conducción de los procesos de selección del proyecto Lomas de Ilo.
El Poder Judicial confirmó que la lectura de sentencia será este 26 de noviembre. Una vez emitido el veredicto, se definirá la situación legal del exmandatario, quien mantuvo hasta el final que confía en que el tribunal impartirá justicia basada “en la verdad” y en el respeto a los derechos fundamentales.
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