OTRO PRESIDENTE TRAS LAS REJAS. El juez de la Corte Superior Nacional, Jorge Chávez Tamariz, aceptó el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche y ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, investigado por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas cuando era gobernador regional de Moquegua. La acusación fiscal plantea una condena de 15 años de prisión por cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
La resolución judicial, dictada tras una extensa audiencia, detalla que Vizcarra no cuenta con arraigo familiar ni laboral sólido que asegure su permanencia en el país.
El magistrado precisó que su esposa e hijo menor residen en Moquegua mientras él vive en Lima, y que los supuestos contratos de asesoría con su partido Perú Primero fueron firmados después del pedido de prisión preventiva.
Para el juez, el riesgo de fuga es alto. “Existe alta probabilidad que el acusado rehúya una sentencia”, advirtió, al considerar que no hay vínculos familiares o laborales robustos, y que el proceso judicial está cerca de una etapa decisiva. El análisis también incluyó el arraigo domiciliario, que reconoció como existente, pero insuficiente para descartar la posibilidad de evasión.
La decisión corta las aspiraciones políticas de Vizcarra, quien en los últimos meses realizaba actividades proselitistas en regiones como Loreto y Moquegua. El exmandatario acumula tres inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos, lo que agrava su situación legal y política.
En la audiencia, Chávez Tamariz cuestionó que los informes de asesoría presentados por la defensa carezcan de detalles, resultados o nombres específicos. Además, destacó que la empresa familiar Urbaniza 3D S.A.C., que paga a Vizcarra S/ 10,000 mensuales, es administrada por su esposa y tiene a sus hijas como socias fundadoras, lo que vuelve “cuestionable” el vínculo laboral alegado.
La medida de coerción, subrayó el juez, es proporcional y razonable por su breve plazo, y busca asegurar la presencia física del acusado cuando se resuelva su situación. Vizcarra, que había asegurado horas antes que “eso no va a ocurrir” y que “siempre ha dado la cara a la justicia”, se convierte así en el quinto expresidente vinculado con el penal de Barbadillo, donde ya estuvieron Alberto Fujimori y se encuentran Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
El abogado Erwin Siccha calificó de arbitraria la orden de cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Señaló que el juez Jorge Chávez Tamariz incluyó el cuestionamiento al arraigo familiar del exmandatario, pese a que este punto no fue planteado por la Fiscalía en ninguno de sus escritos.
Siccha adelantó que presentará un recurso de apelación en las próximas horas, confiando en que la medida será revocada. Afirmó que Vizcarra se mantiene tranquilo y seguro de su inocencia mientras espera el traslado al penal de Barbadillo para cumplir la orden judicial.
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