La escena parecía sacada de un guion que ya hemos visto demasiadas veces en el Perú. A las 6:58 de la tarde del miércoles 13 de agosto, Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República y otrora adalid anticorrupción, salió escoltado de la sede del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El destino: la carceleta del Poder Judicial, donde pasaría la noche mientras el Instituto Nacional Penitenciario decidía en qué penal cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le impuso la justicia.
Horas antes, el juez Jorge Chávez Tamariz había leído, con voz seca, la resolución que cambiaba radicalmente el estatus legal y personal de Vizcarra: de comparecencia simple a prisión preventiva.
La decisión se sustentó en un argumento técnico y demoledor: con la entrada en vigencia de la Ley 32130, sus reglas de conducta habían caducado, dejándolo sin restricciones efectivas. En otras palabras, según el juez, nada aseguraba que se quedara para enfrentar el juicio.
El exmandatario, que hasta entonces disfrutaba de libertad y protagonismo mediático, escuchó en silencio. Solo cuando tuvo la palabra arremetió contra la figura de colaboración eficaz, a la que calificó de “incentivo perverso” para que “un delincuente cambie toda una vida en la cárcel con una delación falsa”.
El caso que lo llevó a la sombra tiene nombre y cifras precisas: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Fiscalía lo acusa de haber recibido más de 2,3 millones de soles en sobornos cuando era gobernador regional, a cambio de direccionar licitaciones. La imputación: cohecho pasivo propio. La pena solicitada podría llegar hasta los 15 años de cárcel.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, no disimuló su conformidad con la medida. La defensa de Vizcarra, liderada por Erwin Siccha, anunció de inmediato que apelará, denunciando además un supuesto conflicto de interés: que el juez Chávez Tamariz sea esposo de una fiscal del mismo equipo investigador.
Mientras tanto, la minivan ploma con lunas polarizadas que lo trasladaba avanzaba hacia la carceleta. Afuera, un pequeño grupo de simpatizantes gritaba consignas y lloraba. Adentro, el expresidente permanecía serio, sin mirar por las ventanas oscurecidas.
En Barbadillo, el penal que hoy alberga a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, se prepara una celda por si el INPE decide que allí cumplirá su reclusión preventiva. De concretarse, Vizcarra se sumaría al club nada exclusivo de exjefes de Estado presos por corrupción.
En el Perú, parece que ningún presidente se salva del mismo final.
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