Martín Vizcarra ya sabía que enfrentaba un momento decisivo. Horas antes de escuchar la sentencia del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el expresidente decidió encender la cámara y grabar un extenso video desde su vivienda. En ese mensaje, difundido en sus redes sociales, se mostró acompañado de lo que llamó “lo que más quiero: mi familia, mi esposa, mis hijos”, mientras se preparaba para acudir a la audiencia que definiría su futuro.
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En ese primer tramo del video, Vizcarra dijo esperar que el tribunal actúe con “objetividad e imparcialidad” al evaluar las acusaciones vinculadas a los supuestos pagos ilícitos durante la ejecución del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. Sus palabras buscaban marcar un contraste entre su expectativa y lo que, según él, ocurriría si el Poder Judicial cedía ante presiones externas.
Martín Vizcarra a su ingreso al juzgado donde se dictó su sentencia. Foto: GEC / Diana Marcelo
“Si se han dejado presionar por el poder mafioso que domina el Congreso, el Poder Ejecutivo y también domina el Poder Judicial, seguramente recibiré una sentencia condenatoria”, afirmó el exmandatario. Su posición fue clara: si la decisión no lo favorecía, sería —según su versión— el resultado de un entorno dominado por fuerzas políticas que estarían detrás del proceso.
A lo largo del video, Vizcarra insistió en que estaría pagando un costo por haber denunciado a los integrantes del Club de la Construcción. Los señaló directamente como responsables del robo de “miles de millones de soles” y aseguró que esos empresarios “deberían estar presos”, mientras él estaría a punto de recibir una condena.
“Si se han dejado presionar por el poder mafioso que domina el Congreso, el Poder Ejecutivo y que también domina el Poder Judicial, seguramente recibiré una sentencia condenatoria. Sentencia condenatoria injusta que se da porque me atreví a acusar a los corruptos, a los ladrones del ‘Club de la construcción’, los que deben estar presos por haber robado miles de millonesde soles de todos los peruanos”, señaló.
EL MENSAJE A SU BASE POLÍTICA
Al avanzar con su discurso, el expresidente giró hacia un tono de campaña. “Eso no me derrota, eso me hace más fuerte”, sostuvo, asegurando que sabía a lo que se exponía al “enfrentarse a los poderosos que manejan el Perú para sus intereses”. Esa frase marcó el inicio de un llamado abierto a sus simpatizantes para que respalden la candidatura de su hermano, Mario Vizcarra.
“El Perú tiene que ser primero, apoyemos ahora a Mario para la presidencia de la República”, dijo. También pidió respaldo para los futuros candidatos al Congreso de Perú Primero, partido con el que su hermano busca competir en las elecciones generales del 2026. El mensaje, lejos de limitarse a lo judicial, se convirtió en una plataforma política.
Hacia el cierre del video, Vizcarra aseguró que continuará activo “esté donde esté”, y reiteró que se considera víctima de “abuso, arbitrariedad y venganza” de quienes, según él, gobiernan el país. Esa despedida fue también un anuncio: no se retiraría de la escena pública pese al panorama que enfrentaba.
“Yo seguiré trabajando esté donde esté con la misma fuerza y entereza con que ustedes me conocen porque a mí no me van a doblegar, menos aún cuando ahora soy víctima del abuso, de la arbitrariedad y de la venganza de los poderosos que gobiernan al país”, aseguró.
LA SENTENCIA Y EL CAMINO DEL CASO
Horas después de la difusión del mensaje, llegó el fallo. El tribunal lo condenó a 14 años de prisión efectiva, al encontrarlo culpable del delito de cohecho pasivo propio. De acuerdo con la sentencia, el expresidente solicitó y recibió más de 2,3 millones de soles en coimas de constructoras vinculadas al Club de la Construcción.
En el caso Lomas de Ilo, se determinó que pidió el 2% del presupuesto del proyecto al gerente de Obrainsa, Paul Tejada, a cambio de no trabar el proceso de adjudicación. Ese pago habría sido entregado en dos partes: S/ 400 mil en enero de 2014 y S/ 600 mil en abril del mismo año, ambos en folders manila. La empresa también habría cubierto el alquiler de una avioneta como parte del acuerdo.
La sentencia concluyó además que Vizcarra sí se reunió con Tejada en las oficinas de Obrainsa en noviembre de 2013, pese a que aseguraba haber estado en Moquegua. Tres testigos contradijeron su versión, y los documentos que presentó para respaldarla fueron descartados al comprobarse que no llevaban su firma.
Sobre el Hospital de Moquegua, el tribunal consideró probado que el entonces gobernador pidió un pago ilícito a ICCGSA. Ese dinero habría sido entregado a través de José Manuel Hernández, exministro y examigo de Vizcarra, quien confesó su participación mediante colaboración eficaz. Con ese patrón de conducta acreditado, la condena quedó sustentada.
Además de la pena de prisión, la decisión incluye 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil que deberá asumir de manera conjunta con las empresas involucradas.
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