
Martín Vizcarra llegó la tarde de este jueves a la sede del Poder Judicial en el Cercado de Lima para enfrentar una audiencia decisiva: el Ministerio Público pide seis meses de prisión preventiva en su contra por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
El exmandatario saludó a decenas de simpatizantes que lo esperaban afuera de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada antes de ingresar a la sala de audiencias, donde el juez Víctor Alcocer decidirá si accede al requerimiento de la Fiscalía, que lo investiga por el delito de cohecho pasivo propio.
La sesión había sido suspendida el día anterior, luego de que Vizcarra se conectara virtualmente desde San Martín, pese a que su presencia física era obligatoria por la gravedad del caso.

MÁS DE DOS MILLONES EN COIMAS
Según la acusación del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, Vizcarra habría recibido S/ 2.3 millones en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de adjudicar irregularmente los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
En el caso del primero, el exgobernador habría pactado una “comisión” del 2 % del costo directo con representantes de Obrainsa; en el segundo, solicitó un “donativo indebido” al consorcio hospitalario para no bloquear la buena pro. Ambos pagos estarían respaldados por declaraciones de colaboradores eficaces y documentos incorporados al expediente.
La Fiscalía pide 15 años de cárcel, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/ 151 mil.

¿RIESGO DE FUGA? FISCALÍA MUESTRA IMÁGENES CLAVE
Uno de los principales argumentos del Ministerio Público para pedir prisión preventiva es el riesgo de fuga. Para sustentar esta tesis, la Fiscalía presentó un video donde se observa a Vizcarra caminando sin custodia policial por un terminal terrestre en Moquegua, contradiciendo a su defensa legal, que asegura que el expresidente cuenta con resguardo permanente.
El abogado Erwin Siccha afirmó que su patrocinado es vigilado por 10 agentes de Seguridad del Estado, “24/7”, pero el registro visual demostraría lo contrario. “Tiene plena libertad de movimiento”, advirtió el fiscal Juárez.
Vizcarra, por su parte, aseguró en redes sociales que el pedido “no busca justicia, busca silenciarme”, y reiteró que no se va a fugar, pues su presencia en regiones obedece a actividades como simpatizante de su agrupación política, Perú Primero.

UN CASO QUE SE REMONTA A 2020
La investigación contra Vizcarra comenzó en octubre de 2020 y se formalizó dos años después, en diciembre de 2022, con una acusación de más de 800 folios. Desde entonces, se dictaron restricciones: primero, impedimento de salida del país y luego, apertura de juicio oral por cohecho pasivo en mayo de 2024.
El actual impedimento de salida vence el 4 de julio. Ante esta proximidad, el fiscal solicitó prisión preventiva, que el juez evaluará tomando en cuenta los nuevos elementos, como las imágenes del terminal y los antecedentes del caso.
El juez Alcocer decidirá en las próximas horas si envía a prisión al expresidente, quien ha sido inhabilitado por 10 años para ejercer función pública tras el escándalo de su vacunación secreta en pandemia (Vacunagate).
AUDIENCIA SUSPENDIDA
Finalmente, el Poder Judicial suspendió la audiencia de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La sesión se retomará mañana, viernes 27, a las 9 a. m. Aún falta escuchar la réplica y dúplica de los argumentos, así como la intervención del propio Vizcarra.
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