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La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue denunciada penalmente por un ciudadano ante la Fiscalía de la Nación por los dichos que se le escuchan en un audio difundido por redes sociales sobre un supuesto respaldo que tendría el Legislativo por parte de las Fuerzas Armadas.
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La acusación, difundida por RPP, fue presentada por el ciudadano César Ortiz Leandro Inocencio ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
El documento señala que la titular del Congreso debe ser procesada por la “presunta comisión de delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional” en la modalidad de conspiración para una rebelión, sedición o motín.
El motivo, según el denunciante, es la grabación que se difundió por redes sociales en la que se le escucha decir que si el presidente Pedro Castillo es retirado del cargo por declarar la vacancia, el Parlamento contaría con el respaldo de la ciudadanía mientras que la Comisión de Constitución encabezada por Patricia Juárez promovería una ley para impedir que el Congreso deje el cargo en unas elecciones generales.
“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo (...) Nosotros sacaremos un informe, también ‘Pati’ Juárez iba a sacar una ley (...) Nosotros no tenemos por qué desaparecer”, cita la acusación.
En las grabaciones aludidas por el documento se incluye un segundo audio donde Alva asegura que tiene a las Fuerzas Armadas de su lado en caso quieran vacar al mandatario y en el escenario que él quiera cerrar el Legislativo.
“Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él, ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, menciona en el audio, haciendo referencia a la fotografía que se tomó Martín Vizcarra tras la disolución del Legislativo.
Cabe recordar que, por estos mismos audios, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta del Parlamento.
Bermejo Rojas solicitó que se inicie un procedimiento de acusación constitucional contra la presidenta de la Mesa Directiva por presuntamente haber infringido los artículos 102 y 112 de la carta magna.
