Los chats, llamadas y testimonios que hoy reposan en la Fiscalía de la Nación han puesto a la congresista Lucinda Vásquez contra las cuerdas. Según un reportaje de Cuarto Poder, la parlamentaria de Juntos por el Perú–Voces por el Pueblo habría coordinado y participado en la presunta venta del examen de nombramiento docente del año 2021 en San Martín, involucrando a personas de su entorno y a varios maestros de la región.
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El Ministerio Público cuenta con conversaciones y registros telefónicos que, junto con los testimonios protegidos recogidos durante la investigación, vinculan a la legisladora en el presunto tráfico de exámenes para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial. El expediente fiscal sostiene incluso que Vásquez habría ofrecido las pruebas a docentes a cambio de tres mil soles.
Situación de Lucinda Vásquez está en manos de la Comisión de Ética. Reglamento del Congreso contempla una sanción máxima de 120 días de suspensión. (Foto: Captura TV / Cuarto Poder)
Uno de los mensajes más relevantes figura en el celular atribuido a Luis Sagastegui, donde se señala directamente a los supuestos operadores: “Quienes empezaron a vender por orden de la congresista Lucinda Vásquez son Luis Zafra y el profesor Jorge Zafrando”. Ese registro es considerado clave por la Fiscalía para reconstruir la cadena de distribución.
La versión coincide con un testigo protegido que asegura que todo fue planificado “por orden de la congresista”. Según su testimonio, el material habría sido entregado en plena madrugada del 13 de noviembre de 2021, horas antes de que miles de maestros rindieran la prueba oficial.
LLAMADAS, GEODATOS Y UN CELULAR “ROBADO”
Para la Fiscalía, las comunicaciones previas y durante el día del examen resultan determinantes. Registros telefónicos revelan más de 50 llamadas entre septiembre y noviembre de 2021 entre Vásquez y Manuel Zafra, uno de los señalados como participante del presunto ilícito. Incluso se registra una llamada de siete segundos el mismo día de la evaluación.
Esa comunicación contradice la declaración de la parlamentaria. Ante el Ministerio Público, Vásquez aseguró que el día del examen estaba “incomunicada” y lejos de Tarapoto. Sin embargo, los datos de geolocalización muestran que su celular estuvo en Tarapoto —y en otra versión fiscal, en Lince—, lo que descarta que se encontrara en su chacra a dos horas de la ciudad, como afirmó.
Otro punto que genera sospechas es la supuesta sustracción de su celular en la zona comercial de Gamarra. La congresista dijo haber sido víctima de robo, pero no existe una denuncia formal ni consta el bloqueo de la línea, algo que penalistas consideran un golpe a su credibilidad.
La investigación también ubicó a posibles implicados en su despacho parlamentario. Entre ellos figuran el profesor Jorge Fasanando, Héctor Llamacponcca y Olga Chávez, quienes visitaron su oficina hasta veinte veces en las semanas previas al examen docente.
Además, dos docentes vinculados a su despacho mantuvieron comunicaciones reiteradas antes y durante la fecha de la prueba. Uno de ellos, incluso, fue contratado poco después como asesor en el Congreso por un salario mensual de nueve mil soles.
Comisión de Ética aprueba investigar a congresista Lucinda Vásquez por el 'Caso cortaúñas'. Foto: Congreso.
TESTIMONIOS, DOCUMENTOS Y PROCESO EN MARCHA
Una extrabajadora del despacho de Vásquez confirmó a la Fiscalía que los implicados se reunieron con la congresista antes de la evaluación. Ese testimonio se suma a mensajes y documentos que refuerzan la hipótesis de coordinación desde su entorno parlamentario para la presunta filtración del examen.
Pese a todos los elementos, Vásquez rechaza las acusaciones. Según Cuarto Poder, sostiene que se trata de una venganza política y afirma: “Totalmente falso, yo no he vendido absolutamente”. No obstante, la Fiscalía considera que para configurar el delito de tráfico de influencias agravado basta con solicitar dinero a cambio de gestionar el acceso, aunque el acto no se concrete.
La denuncia constitucional ya fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá designar a un congresista delegado para elaborar un informe. Si prospera, el caso pasará a la Comisión Permanente y luego al Pleno, donde podría debatirse una eventual inhabilitación.
El Ministerio Público estima que Vásquez podría enfrentar hasta ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, su bancada suspendió temporalmente su afiliación, y la Comisión de Ética inició un proceso paralelo que también incluye el denominado caso ‘Cortaúñas’.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones permitirá a los peritos analizar con mayor precisión el grado de contacto entre la congresista y los demás implicados. La investigación buscará determinar si existió una coordinación directa o indirecta para la distribución de las preguntas del examen.
Por ahora, la congresista que representó a San Martín bajo la bandera de Perú Libre —y que hoy figura como no agrupada— enfrenta uno de los casos más graves de los últimos meses en el Parlamento. Un expediente que podría definir su futuro político y judicial.
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