“Sabemos todo sobre ti, tus movimientos, los de tu familia que está en España. Tú no eres intocable”. Ese fue el siniestro mensaje que hace unos días recibió el fiscal Leonardo Guffanti Parra, quien es integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) del Ministerio Público. Los miembros de esa unidad se juegan la vida todos los días enfrentando a los delincuentes más avezados del país.
El mensaje fue enviado desde un número telefónico de Colombia y su autoría se le atribuye, según las primeras pesquisas, a José Nole, sindicado como presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao, quien es investigado por el robo de lingotes de oro en el circuito de playas de la Costa Verde. Hace poco, Guffanti logró que el Poder Judicial le impusiera 26 meses de prisión preventiva.
Guffanti no es el único amenazado de muerte. En esa misma situación están 25 fiscales más del FECOR, según denunciaron la semana pasada el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de esas fiscalías especializadas.
Sin embargo —contra todo lo que se pueda imaginar teniendo en cuenta que las bandas criminales están poniendo al país en vilo—, dichas autoridades no cuentan con resguardo policial. Hacen sus diligencias diarias, interrogan, recopilan pruebas, piden prisión para los avezados delincuentes y luego regresan a sus hogares solos, algunos en taxi, sin que ningún policía los proteja.
Lo que más le indigna a este sencillo columnista es que todo lo contrario ocurre con los otrora famosos y endiosados fiscales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes cuentan con ocho policías que los resguardan las 24 horas del día a ellos y a toda su familia, según un reportaje de investigación que publiqué hace unas semanas en la revista Caretas.
Ambos lograron ese beneficio el año 2021 por un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de un pedido de tres conocidas ONG, entre ellas el Instituto de Defensa Legal (IDL). Según los falsos argumentos presentados, Pérez y Vela sufrían amenazas por sus investigaciones contra la empresa Odebrecht y la hoy presidenta Keiko Fujimori.
Ese mandato sigue vigente, pese a que Pérez ya no es fiscal, Vela está suspendido y el Estado peruano no tiene por qué acatar los mandatos de la CIDH. Lo que es peor, dichos exfiscales llevaron a prisión a mucha gente inocente y procesaron a otras de manera injusta, vulnerando sus derechos y su honor.
Además de los ya conocidos, este columnista sabe de otros procesados cuyas vidas y su economía quedaron arruinadas y hoy nadie les da trabajo.
La semana pasada, durante su visita a Lima, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que los delincuentes que asolan al país son terroristas. Por eso mismo, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori debería darles protección a los fiscales del FECOR que viven bajo amenaza y no a quienes no la merecen. Si ella quiere que el Escudo de las Américas funcione, como los peruanos queremos, debería empezar por allí. Nos vemos el otro martes.
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