La exministra de Cultura y familiar de una las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, se pronunció por la decisión del Tribunal Constitucional que declaró fundado este jueves el hábeas corpus que solicitaba la restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con lo cual el exjefe del Estado saldrá en libertad.
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“Una vez más en nuestro país el derecho de las víctimas no se esta cumpliendo, el razonamiento de quienes deben encargarse, no solamente de garantizar ese derecho, sino también la constitucionalidad o no de los actos jurídicos, no necesariamente obedece al derecho sino que se ponen por encima otras razones”, señaló.
Ortiz cuestionó además del momento para aprobar “esta decisión de regalarle un indulto indebido a Fujimori”, el “antecedente” de algunos magistrados del TC.
“Conocemos de algunos antecedentes políticos de dos de los magistrados principalmente, que suman tres votos, porque públicamente a través de los medios de comunicación, se ha conocido de algunas reuniones políticas que han tenido”, aseveró, y agregó que en ese sentido “no ofrecían ninguna garantía para que la decisión de hoy sea imparcial, como correspondería”.
Por lo tanto, enfatizó que “como familiares sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado”.
“Estamos frente a un Estado peruano que no garantiza derechos y tenemos que seguir insistiendo ante el Sistema Interamericano para que llame la atención sobre la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, pero además el debido proceso para los casos de indulto”, indicó.
Ortiz mencionó que la Corte Suprema de nuestro país hace tres años consideró que “ese indulto que le regaló el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en alianza política con Kenji Fujimori fue indebido”, pues dijo que no tenía el sustento legal ni médico.
Consultada sobre qué espera de la Corte IDH, respondió que un pronunciamiento sobre “esta falta del derecho peruano de no garantizar el acceso a la justicia”.
Ortiz aseveró asimismo que Fujimori fue sentenciado en su momento porque era culpable y que por lo tanto era una verdad jurídica, por lo que calificó de “vergonzoso” que se sigan desconociendo los hechos tratando de negar los crímenes.
El TC es parte de ese Estado, puntualizó, que hoy “ha actuado en contra del derecho de las víctimas”.
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