La ley de crimen organizado que promulgó hace poco el Gobierno no solo protege a los congresistas envueltos en corrupción y otros delitos, sino favorece a la delincuencia común y deja en zozobra a la población.
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Lo peor, la Junta de Portavoces acordó no discutir su modificatoria o revocatoria mañana jueves en el Pleno.
Según el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, detrás de la norma están los legisladores que tienen investigaciones penales y se quieren cubrir, sabiendo que también se benefician los responsables de delitos como sicariato, secuestros y asaltos.
Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo
Señaló que, ante el escándalo, ahora quieren tapar esto con un proyecto populista como la pena de muerte, que no puede regularse en el país. “Aquí hay una situación de indolencia, están tratando de legislar algo absurdo a sabiendas que es absurdo”, aseveró.
Precisó que también quieren hacer pasar el proyecto de terrorismo urbano, que es innecesario, pues los delitos de sicariato, extorsión y secuestro están claramente definidos y son las penas más altas, hasta tienen cadena perpetua.
ACCIÓN FISCAL
A su turno, la abogada penalista Rommy Chang dijo que la ley de crimen organizado perjudica la lucha contra el crimen organizado y afecta la seguridad ciudadana.
También a la hora de actuar ante un allanamiento, perjudica la acción fiscal, que debe ser de sorpresa, y esto se cae cuando hay que llamar al abogado.
Afirmó que la norma evidencia desconocimiento técnico y práctico de cómo operan realmente las organizaciones criminales en el país.
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