La jornada electoral no solo dejó colas y mesas que no abrían. También activó una intervención fiscal en pleno desarrollo del proceso. La sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el Centro de Lima, fue escenario de diligencias tras los retrasos en la entrega de material electoral.
Hasta el lugar llegaron representantes del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, acompañados por agentes de la Policía Nacional. Su objetivo fue claro: recabar información sobre las demoras que impidieron la instalación oportuna de mesas de sufragio.
Tres horas después del inicio oficial de los comicios, varios locales seguían cerrados. En otros, las mesas simplemente no funcionaban. La escena se repitió en distintos puntos de Lima, generando malestar entre los ciudadanos.
Imágenes difundidas mostraron el ingreso del personal fiscal, que evitó dar declaraciones. Solo se limitaron a señalar que se trataba de una investigación de carácter reservado. Sin embargo, trascendió que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, podría quedar comprendido en las pesquisas.
Desde las primeras horas del día, los problemas eran evidentes. En varios locales no llegaba el material electoral. En otros, se reportaban fallas informáticas vinculadas a la plataforma del organismo.
La intervención no se limitó a verificar lo ocurrido durante la jornada. También puso la mirada en el origen del problema. La Fiscalía busca esclarecer cómo se contrató a la empresa encargada de distribuir el material electoral.
Según la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la empresa Servicios Generales Gálaga habría sido seleccionada pese a contar con antecedentes negativos y sanciones por incumplimientos registrados en 2023.
El equipo fiscal evalúa si existieron irregularidades administrativas en la adjudicación del servicio. La investigación apunta a determinar si esta decisión terminó afectando el inicio del proceso electoral.
Durante las diligencias, la ONPE facilitó el acceso a documentación relacionada con la contratación de proveedores logísticos. Las calles aledañas a la sede fueron cerradas para permitir el desarrollo de las acciones.
En paralelo, agentes policiales también realizaron intervenciones en los locales de la empresa Gálaga, con el objetivo de incautar registros vinculados al traslado del material.
Las consecuencias de las fallas fueron inmediatas. Un total de 75 instituciones educativas, principalmente en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, resultaron afectadas por la falta de material.
En términos generales, el retraso alcanzó al 0,72 % de los 10.336 centros de votación habilitados en todo el país. Aunque el porcentaje parece reducido, el impacto se sintió en miles de electores que no pudieron votar a tiempo.
Ante esta situación, las autoridades decidieron ampliar el horario de votación en una hora adicional, con el fin de compensar el tiempo perdido durante la mañana.
Mientras tanto, la ONPE responsabilizó directamente a la empresa Gálaga por no cumplir con la entrega oportuna de ánforas, equipos informáticos e implementos necesarios.
El Ministerio Público, por su parte, desplegó también a la Fiscalía de Prevención del Delito para recopilar información y garantizar el desarrollo del proceso.
La jornada de intervención coincidió además con la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea, quienes tomaron nota de las incidencias y del accionar de las autoridades.
En medio de este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones advirtió que se evaluarán sanciones administrativas y penales contra los responsables de los hechos.
Las diligencias continuarán en las próximas horas. El objetivo es determinar si hubo responsabilidades penales o administrativas en una jornada electoral que empezó con retrasos y terminó bajo investigación.
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