La minería ilegal del oro no descansa. No solo ha logrado colocar a tres diputados y dos senadores en el Congreso Bicameral que empieza sus funciones el 28 de julio. Ahora pretende hacer lo mismo con la alcaldía de Pataz, el principal centro de operaciones de esa actividad ilegal y criminal.
En las elecciones municipales y regionales de octubre próximo, los dos únicos candidatos que postularán a ese municipio están ligados a ese rubro que mueve ingentes cantidades de dinero.
Ellos son José Torrealva Iparraguirre, del partido Podemos Perú (PP), y Miguel Mantilla Rodríguez, que va por Alianza Para el Progreso (APP).
Ambos tienen una influencia determinante en Pataz. Antes de hablar de sus antecedentes, es bueno recordar que en esa convulsionada zona operan mineras legalmente constituidas cuyos trabajadores son los que sufren las consecuencias.
Solo entre los años 2017 y 2024 se han registrado 600 atentados contra los obreros formales con armas de fuego y explosivos. Los sicarios de los mineros ilegales han dinamitado sus socavones en plena labor, destrozando sus cuerpos o matándolos por asfixia.
En esa tierra de nadie, los mismos mineros ilegales están enfrentados a muerte para tomar el control total del negocio. Ya muchos se han olvidado de un hecho macabro descubierto en octubre del año 2024: en una zona llamada Tolvas fue encontrada una fosa común con catorce cadáveres de personas que habían muerto en enfrentamientos entre bandas o por ajustes de cuentas.
En Pataz, a donde diariamente llegan legiones de individuos, especialmente de nacionalidad venezolana para trabajar en túneles de la minería ilegal, la gente desaparece como por arte de magia. Hace unos años, el exconsejero regional de La Libertad, Robert de la Cruz, documentó la desaparición de 280 personas, solo entre el 2015 y el 2019.
José Torrealva tiene más peso político, pues ya fue alcalde de ese municipio entre el 2015 y 2018. Es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales. Ha jugado un papel protagónico a favor de los mineros informales. Era asiduo visitante de congresistas de diferentes bancadas que apoyaron la ampliación del Reinfo, ese oscuro sistema que utiliza la minería ilegal para operar al margen de la ley.
En este Congreso que ya se va, más de 80 parlamentarios apoyaron la extensión de esa norma, pese a que prometieron anularla. Entre ellos hay varios que han logrado su reelección y pertenecen al partido de la presidenta electa Keiko Fujimori.
Torrealva, además, es dueño de cuatro empresas vinculadas al transporte o explotación del oro y una se dedica a almacenar explosivos, la principal arma que utilizan los que atacan a las minas formales.
Miguel Mantilla, por su parte, también tiene cinco empresas, tres de ellas dedicadas al transporte de carga y dos a operaciones mineras.
El gobierno de Keiko Fujimori tendrá que enfrentar con mano firme, sin medias tintas, a la minería ilegal. No la tendrá fácil. Ese sector mueve millonadas de dólares, capaz de desestabilizar a cualquier régimen. Veremos su temple y aplomo. Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
MÁS INFORMACIÓN:
Pepitas: Esposa de Roberto Sánchez lucía una cartera Louis Vuitton de 3500 dólares
Julio Velarde seguirá al frente del BCR: Aceptó pedido de Keiko Fujimori tras reunión
