La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió suspender por 30 días a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, actualmente fiscal suprema titular del Ministerio Público, tras determinarse que nombró fiscal superior adjunta de Piura a Carla Bourdieu Zavala, quien es hija de su amiga y comadre, María Zavala Valladares, abogada e integrante también del pleno de la JNJ.
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Según una audiencia realizada el último 16 de diciembre, el organismo constitucional autónomo calificó como “falta grave” la acción de parte de Ávalos.
La abogada Inés Tello expuso el informe N º 143-2021-JNJ, referido al proceso disciplinario abierto contra la extitular del Ministerio Público por un “grave conflicto de intereses existentes”.
La Junta Nacional de Justicia precisó que, pese a que no había un procedimiento especial para el nombramiento, la actual fiscal suprema “no guardó conducta intachable, al designar a la hija de una persona con la que tenía vínculos amicales y de comadrazgo”.
Tanto la magistrada Tello como el resto de integrantes de la Junta, José Ávila (presidente), Imelda Tubialán, Guillermo Thornberry y Antonio de la Haza coincidieron en que Ávalos faltó a su deber establecido, por lo que dieron por concluido el proceso disciplinario con la referida sanción impuesta.
Hay que destacar que María Amabilia Zavala Valladares, amiga y comadre de Zoraida Ávalos, integra actualmente el Pleno de la JNJ.
La semana pasada, la JNJ ratificó en el puesto a la fiscal suprema Zoraida Ávalos tras una entrevista en la que fue evaluada. Su amiga, la doctora María Zavala, miembro de la JNJ, se inhibió de participar en la votación. La resolución adecuadamente motivada se expedirá en los próximos días.
Cabe indicar que Ávalos Rivera asumió el cargo de manera interina, el 8 de enero de 2019, por la renuncia de Pedro Chávarry. Fue ratificada en sus funciones, el 7 de marzo, por un periodo de tres años.
Hace unos días, la Comisión Permanente aprobó por mayoría acusar, ante el Pleno del Congreso, a Zoraida Ávalos Rivera por el delito de presunta infracción constitucional, y solicita su inhabilitación por cinco años en el ejercicio de la función pública.
Además, se le acusa por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora en acto funcionales en torno a las investigaciones al expresidente Pedro Castillo Terrones.
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Asimismo, acordó, en forma unánime, archivar las acusaciones de supuestos delitos de falsedad genérica y contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad encubrimiento real y contra la tranquilidad pública-organización criminal.
Las denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones (APP), fueron interpuestas por las congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y por Gladys Echaíz (RP), quien hizo suya la denuncia del procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia, Javier Pacheco.
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