El Ministerio Público asegura que pidió a la Policía que realice una labor de videovigilancia al exministro Juan Silva que incluía informes sobre “lugares de permanencia, desplazamiento y actividades realizadas” por el investigado desde el 27 de mayo y que, a pesar de esto, no lograron dar con su paradero.
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A través de un un comunicado publicado este sábado, la Fiscalía aseguró que envió un informe a la Comisión de Fiscalización del Congreso donde se detallan las coordinaciones que hizo la Fiscalía de la Nación con la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados a Crimen Organizado (Dircocor).
En primer lugar, la institución asegura que el 27 de mayo a las 11 a.m. el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación se reunió presencialmente con el jefe de la Dircocor para coordinar la medida de videovigilancia ya que Juan Silva, en ese momento, estaba declarando en el local de la Fiscalía en la Av. Abancay.
Horas después, en la tarde del mismo 27, el Ministerio Público envió por WhatsApp la comunicación para establecer que la vigilancia debía permitir que la policía informe “lugares de permanencia, desplazamiento, así como las actividades realizadas y de las personas con las que se habría reunido” Juan Silva.
Sin embargo, la respuesta policial fue que no lo tenían ubicado físicamente por lo que habían iniciado un “seguimiento digital” como parte de las acciones de inteligencia.
Recién el 3 de junio, el Ministerio Público pidió un informe policial sobre la videovigilancia porque no habían recibido mayor información policial. El sábado 4, la Dircocor dijo que no habían podido encontrar a Juan Silva en sus respectivos inmuebles desde el viernes 3. Esto, a pesar de que la medida fue solicitada el 27 de mayo.
Con esa información, procedieron a pedir la detención preliminar de Juan Silva, medida que fue aprobada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
“Al no tener información policial de su ubicación real, se optó estratégicamente por implementarla al momento de su citación al despacho fiscal. Al no verificarse la concurrencia del investigado, la medida fue comunicada a la Policía para que proceda a la detención”, asegura la fiscalía.
“Para esta fecha la autoridad policial continuaba sosteniendo que monitoreaba al exministro, aunque no contaba con la ubicación efectiva de su paradero”, agrega el Ministerio Público.
El informe remitido a la comisión parlamentaria también menciona que la policía no informó sobre el retiro del resguardo que le correspondía por su condición de exministro.
El ministro del Interior, Dimitri Senmache, declaró ante la Comisión de Fiscalización que la medida de videovigilancia que fue comunicada el 27 de mayo a la policía anticorrupción no permitió un seguimiento a Juan Silva.
“He escuchado a algunas personas salir en medios indicando por qué la policía no hizo seguimiento. Porque no podía hacer seguimiento dado que eso no se enmarca en el pedido del proceso de videovigilancia. Si la policía sigue a alguien sin una orden, está violando los derechos de esa persona y puede ocasionar problemas en el proceso que se le sigue y se sanciona al policía que haya cometido ese abuso de autoridad porque está extralimitándose en sus funciones”, explicó en la sesión de este viernes.
Senmache reiteró que la policía hizo la labor que le correspondía, porque la videovigilancia se hizo a inmuebles vinculados a Juan Silva, incluyendo su domicilio y otras áreas donde, desde el 27 de mayo y en adelante, se detectó que no estaban siendo usados por el exministro.
Esta información fue usada por el Ministerio Público en su pedido de detención preliminar, según explicó el ministro del Interior. Esta orden fue aprobada por el Poder Judicial el 4 de junio pero oficialmente recién fue enviada al coronel a cargo de la policía anticorrupción el día 6.
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