El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, salió al frente para responder a las acusaciones en su contra, tras la difusión de audios en los que se le escucha conversar con el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana. En esas grabaciones, se le atribuye haber pedido un cambio de pabellón para un policía preso en el penal El Milagro de Trujillo.
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Durante una entrevista con Augusto Peñaloza en el canal de YouTube Cámara Inmobiliaria Peruana, Santiváñez sostuvo que los audios “no tienen ninguna conducta criminal”. Según explicó, forman parte de una investigación por presunto tráfico de influencias y que hasta hace poco permanecían lacrados.
Juan José Santiváñez habría ejercido la defensa de policía sentenciado, cuando era ministro del Interior. Foto: Captura de pantalla.
“El día viernes (12 de setiembre) abrimos los audios con mis abogados y peritos de parte. Sin embargo, desde el día jueves un periodista ya me había contactado para decirme que tenía las grabaciones. Eso revela cómo se están filtrando pruebas reservadas”, denunció el ministro.
Santiváñez fue más allá y responsabilizó directamente a fiscales por lo que calificó como un “actuar criminal”. También arremetió contra lo que llamó “pseudo periodistas”, acusándolos de presentar la tesis del Ministerio Público como una investigación consolidada.
FILTRACIÓN Y DEFENSA DEL MINISTRO
El caso estalló luego de que el programa Panorama difundiera un audio donde la voz atribuida a Santiváñez pide a Arana interceder en favor del interno Miguel Marcelo Salirrosas, condenado a más de 27 años de prisión, para que lo muevan de pabellón. “Hermano, escúchame, no quiero molestarte, rapidísimo nomás... Todavía no lo cambian, hermano, sigue allí”, se le escucha decir.
El ministro justificó la conversación señalando que se trataba de un pedido humanitario de la esposa del recluso, quien le pidió el traslado porque Salirrosas compartía pabellón con sicarios y delincuentes a los que había capturado en su etapa como policía. “¿Eso es ilegal? Eso en lo absoluto es ilegal”, insistió.
Sobre los 20 mil dólares que recibió por este caso, aseguró que fueron honorarios profesionales bancarizados, entregados a su estudio de abogados y declarados ante la Sunat. Según su versión, los pagos corresponden a servicios legales legítimos y no a gestiones ilícitas.
El propio Santiváñez reconoció haber dicho a la familia de su cliente que contaba con el “apoyo” de dos magistrados del Tribunal Constitucional y que el voto en contra provenía del ponente, a quien describió como ‘antipolicía’. “Eso no es ilegal. Informaba cómo caminaba el proceso”, afirmó.
El ministro recalcó que los audios deben ser analizados en su real contexto y rechazó que sirvan como prueba de tráfico de influencias. “Aquí hay cuestiones que se sacan de todo contexto, son audios que en lo absoluto son incriminatorios”, subrayó.
En audio, Juan José Santiváñez presuntamente le habría pedido Eduardo Arana el traslado de un preso a otro pabellón. (Foto: Minjusdh)
EL FUTURO DEL CASO
Pese a las explicaciones, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación preliminar contra el titular de Justicia. De acuerdo con los procedimientos, la Fiscalía evaluará si las grabaciones constituyen prueba válida para impulsar un proceso por tráfico de influencias.
El propio Santiváñez admitió que no descarta nuevas medidas en su contra, como allanamientos o restricciones, porque —según dijo— “esa es la manera como trabajan”. Mientras tanto, el caso mantiene en el centro del debate político al gabinete de Dina Boluarte.
En paralelo, Eduardo Arana, jefe del Consejo de Ministros, también quedó bajo la lupa. Su voz aparece en el audio accediendo a revisar el pedido de traslado para el policía preso. “Ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”, responde en la conversación.
El desenlace de este caso dependerá de los próximos pasos de la Fiscalía y de la solidez de los audios como evidencia. Mientras tanto, la filtración de estas grabaciones ha vuelto a encender cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de procesos judiciales y la independencia del Tribunal Constitucional.
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