El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, deberá afrontar un pedido de interpelación presentado por Juntos por el Perú, que busca que responda ante la Cámara de Diputados por los ocho aportes económicos entregados durante la campaña de Libertad Popular por Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, además de explicar las operaciones militares en Pataz, donde funciona dicha empresa y donde continúan los homicidios, secuestros y extorsiones pese a los sucesivos estados de emergencia.
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La moción fue presentada el 14 de agosto de 2026 y lleva un pliego de 43 preguntas distribuidas en once bloques temáticos. La iniciativa, presentada por el diputado Marino Lavado, constituye la primera interpelación contra un ministro en la actual legislatura y todavía debe ser evaluada por la Junta de Portavoces antes de llegar eventualmente al Pleno.
(Foto: Presidencia Perú)
El asunto que abrió la controversia está relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de Belaúnde. Según la información financiera reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Evangelina Arias Vargas de Sologuren realizó ocho aportes a Libertad Popular durante las Elecciones Generales 2026, cuando Belaúnde participó como candidato presidencial.
Los propios documentos señalan que esos aportes fueron declarados ante la ONPE y que, de acuerdo con el texto de la moción, se realizaron conforme a la legislación electoral vigente. El cuestionamiento de los diputados aparece después, cuando Belaúnde asumió el Ministerio de Defensa, cartera que planifica y ejecuta operaciones militares en Pataz, provincia de La Libertad, donde Minera Poderosa desarrolla sus actividades.
Ahí está uno de los puntos que Juntos por el Perú quiere que el ministro aclare. El pliego le pide precisar si sostuvo reuniones con representantes de Minera Poderosa antes o después de asumir el cargo, si recibió solicitudes de la empresa relacionadas con la seguridad en Pataz y si existen convenios, protocolos o mecanismos formales para coordinar acciones entre el Ministerio de Defensa y compañías privadas que operan en zonas donde existe presencia militar.
43 PREGUNTAS Y UNA ZONA QUE SIGUE EN EMERGENCIA
Pataz ocupa buena parte del cuestionario. La provincia permanece bajo sucesivos estados de emergencia debido al avance de la minería ilegal y al accionar del crimen organizado. Sin embargo, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los hechos violentos no han desaparecido.
La moción recuerda dos episodios especialmente graves. En 2023 fueron asesinados nueve trabajadores, mientras que en mayo de 2025 otros 13 trabajadores fueron secuestrados y asesinados. Con esos antecedentes, los diputados preguntan qué indicadores objetivos permiten afirmar que la estrategia aplicada en Pataz está dando resultados.
El cuestionario también exige saber cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas están destinados a proteger a la población civil y cuántos cumplen labores vinculadas con instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones de Minera Poderosa. La intención es establecer con claridad cuál es el objetivo del despliegue militar.
Uno de los bloques más extensos, compuesto por nueve preguntas, apunta precisamente a ese punto. Los legisladores solicitan que Belaúnde presente documentación que permita garantizar que ningún efectivo militar realiza funciones de seguridad privada o exclusiva para Minera Poderosa u otra empresa, salvo en los supuestos contemplados por la legislación.
La moción también cuestiona la reiteración de los estados de emergencia. Los diputados preguntan qué evidencia demuestra que mantener esta medida continúa siendo eficaz frente a una realidad marcada por homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores y población civil.
El documento parlamentario incorpora además el pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que expresó preocupación por la frecuencia con que el Perú declara estados de emergencia y despliega a las Fuerzas Armadas. El organismo recomendó que estas medidas sean excepcionales, proporcionales, temporales y sujetas a revisión judicial.
RONDAS CAMPESINAS Y OPERACIONES MILITARES
Otro grupo de preguntas apunta a las rondas campesinas de Pataz. Juntos por el Perú plantea por qué el Ministerio de Defensa no las ha integrado de manera más activa a la estrategia de seguridad, considerando que cuentan con reconocimiento legal y presencia permanente en la zona.
Los diputados solicitan conocer cuántas reuniones de coordinación sostuvo el Ministerio de Defensa con estas organizaciones desde febrero de 2024 y si existe algún protocolo para compartir información relacionada con el crimen organizado. La pregunta busca establecer si existe una coordinación efectiva entre las autoridades y quienes conocen directamente la realidad de las comunidades.
El pliego no se limita a Pataz. También incluye interrogantes sobre el ejercicio multinacional ‘Escudo de las Américas’, sus condiciones operativas, logísticas y presupuestales, así como las implicancias para la soberanía nacional de una eventual participación de fuerzas extranjeras en territorio peruano.
A ello se suman preguntas relacionadas con las labores de desminado en las Pampas de Reque, en Lambayeque, zona prevista para la celebración de la misa del papa León XIV. El documento solicita información sobre las acciones militares vinculadas con este tema.
Foto: Minera Poderosa.
Ahora la moción deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente. Para su ingreso formal, una moción de orden del día requiere el respaldo de al menos el 15 % del número legal de congresistas. Después de ser comunicada al Pleno, su admisión a debate debe ser sometida a votación en la siguiente sesión.
Para que el pliego sea admitido se necesita el voto favorable de al menos un tercio de los parlamentarios hábiles. Si consigue ese respaldo, la Mesa Directiva deberá fijar la fecha y hora en que Rafael Belaúnde concurrirá al Congreso, dentro del plazo establecido por el reglamento.
Por ahora, el ministro de Defensa tiene sobre la mesa 43 preguntas. El cuestionario mezcla el financiamiento de la campaña de Libertad Popular, los aportes declarados por la presidenta de Minera Poderosa, las reuniones con representantes de la empresa y el despliegue militar en Pataz. El Congreso tendrá que decidir si esas interrogantes llegan finalmente al Pleno y si Belaúnde deberá responderlas personalmente ante los diputados.
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