
El despacho del Ministerio Público activó una diligencia clave. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha programado la toma de declaración del presidente de la República, José Jerí, en el contexto de la investigación preliminar por las reuniones y visitas sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
Fuentes citadas por El Comercio indicaron que la citación quedó fijada para este viernes 30 de enero y que la diligencia se realizará en las instalaciones de Palacio de Gobierno. La decisión se sustenta en la sentencia del Tribunal Constitucional (Caso Dina Boluarte), que permite interrogar al mandatario hasta en dos oportunidades y en el lugar que este disponga.

De acuerdo con esas mismas fuentes, será el propio Gálvez Villegas quien acuda a la sede del Ejecutivo. En paralelo, como parte de las actuaciones, la Fiscalía cursó documentos a diversas entidades para recabar información sobre visitas o vínculos con las compañías relacionadas a los empresarios investigados.
La investigación también contempla la declaración, en calidad de testigos, de Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes fueron citados para acudir a la sede del Ministerio Público durante la semana. Ambos participaron en una cena con Jerí Oré el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de comida china ubicado en San Borja y registraron visitas a Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre de 2025 y enero de este año.
BAJO LA LUPA FISCAL
El abogado de José Jerí, Ricardo Caldas, confirmó a El Comercio que fueron notificados con la citación para este viernes y que participará de la diligencia. Señaló que la posición de su patrocinado es la ya expresada públicamente y que acudirá para esclarecer la información requerida.
Días antes, el mandatario remitió un oficio al fiscal de la Nación interino poniéndose a disposición para declarar, invocando principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos dentro de las competencias del Ministerio Público.
En cuanto a Zhihua Yang, se informó que se encuentra vinculado a empresas chinas y que su compañía Hidroeléctrica América S.A.C. fue beneficiada en 2023 con la concesión del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2” (Apurímac), valorizado en US$24.4 millones. El proyecto permanece paralizado, aunque el vínculo contractual con el Estado continuaba vigente al momento de las reuniones.
Un reporte de Osinergmin del 19 de diciembre de 2025 consignó un “avance global” de 0% para dicho proyecto, cuya Puesta en Operación Comercial estaba prevista para el 1 de mayo de 2026. Jerí Oré admitió conocer a Yang desde 2024 e indicó que lo invitó a un evento en el Congreso relacionado con las relaciones entre China y Perú.

REUNIONES, VISITAS Y VERSIONES
Registros de la SUNARP, difundidos por El Comercio, dan cuenta de que Zhihua Yang fundó en 2016 una asociación con el congresista Luis Cordero Jon Tay, la cual fue dada de baja en marzo de 2025. En el caso de Ji Wu Xiaodong, se trata de un empresario del rubro maderero en la Amazonía peruana.
Xiaodong afronta una acusación por presuntos delitos de crimen organizado y corrupción, con un pedido fiscal de 23 años de cárcel. Desde el 20 de enero cumple arresto domiciliario, medida dictada en enero de 2024 y que no se había ejecutado hasta entonces.
Por otro lado, fuentes de Perú21 señalaron que el presidente confirmó su asistencia a la sede del Ministerio Público para este viernes 30 de enero, a fin de responder ante Tomás Gálvez. En esta versión, Jerí optó por acudir al despacho fiscal y no recibir a los magistrados en Palacio de Gobierno.

La diligencia, según ese medio, se centrará en los vínculos entre cenas privadas en un chifa de San Borja y la adjudicación de una orden de servicio por S/35 mil a la empresa Nuctech Perú SAC, que obtuvo su primer contrato con el Despacho Presidencial al inicio de la actual gestión.
Tras la revelación del denominado “Chifagate”, el mandatario anunció por documento que se ponía a disposición del Ministerio Público y de la Comisión de Fiscalización del Congreso, instancia a la que asistió el miércoles 21 de enero. El fiscal Gálvez buscará determinar si estas reuniones configuraron un delito, mientras Jerí ha calificado los encuentros como “circunstanciales” y ha sostenido que los procesos observados fueron de carácter técnico regular.
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