La crisis política que rodea al presidente interino José Jerí Oré sumó un nuevo capítulo. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó sobre la presentación de la cuarta moción de censura impulsada por el parlamentario Edward Málaga, esta vez con el respaldo adicional de la congresista Gladis Echaíz, de la bancada Honor y Democracia.
El documento fue ingresado a la Oficialía Mayor y vuelve a poner en el centro de la polémica las reuniones no registradas que Jerí habría sostenido con empresarios chinos que mantienen contrataciones con el Estado. Para los firmantes, estos encuentros abren la posibilidad de un conflicto de intereses y revelan una preocupante falta de transparencia en el ejercicio del poder.
Según la moción, el mandatario interino habría sostenido reuniones fuera de Palacio de Gobierno y en horarios nocturnos con ejecutivos vinculados a sectores estratégicos como infraestructura y energía. Al no figurar estos encuentros en la plataforma oficial de transparencia, se sostiene que Jerí habría vulnerado el principio de publicidad que rige la función pública, limitando el control ciudadano.
Jerí, sin embargo, ha rechazado las acusaciones. Ante la Comisión de Fiscalización y ante la prensa, calificó los cuestionamientos como tendenciosos y aseguró que los encuentros tuvieron un carácter estrictamente personal, razón por la cual no consideró necesario registrarlos. Su defensa, no obstante, no ha logrado disipar las dudas en el Parlamento.
Uno de los ejes centrales del pedido de censura es la controversia pública conocida como ‘Chifagate’. La moción señala que las explicaciones brindadas por Jerí sobre estas reuniones han sido insuficientes y variables, y que la difusión posterior de ingresos reiterados de empresarios chinos a Palacio de Gobierno ha generado una percepción razonable de conflicto de intereses.
Los firmantes también consideran de especial gravedad la información difundida sobre el ingreso a Palacio de un ciudadano chino que se encontraría con arresto domiciliario. De confirmarse este hecho, advierten, se evidenciarían fallas en los controles de seguridad y se comprometería directamente la responsabilidad política del jefe de Estado encargado.
El documento subraya que, aunque no existe un pronunciamiento judicial, el control político no requiere una sentencia penal, sino la verificación de hechos que afecten gravemente la confianza pública. En ese marco, sostienen que Jerí no cumple con el estándar de idoneidad política e institucional exigido en el actual contexto de transición.
La moción también cuestiona designaciones realizadas en entidades como el Ingemmet y la Dirección General de Formalización Minera. Según el texto, algunas personas nombradas tendrían vínculos previos con la minería informal o antecedentes en procesos de formalización cuestionados, lo que, para los congresistas, debilita la lucha contra la minería ilegal.
En materia de inseguridad ciudadana, los firmantes señalan que, tras más de 100 días de gestión, no se han presentado resultados verificables en la reducción de homicidios y delitos violentos. Citan cifras del Sinadef: 2,083 homicidios en 2024, 2,240 en 2025 y 84 en lo que va de 2026, lo que consideran un deterioro sostenido de la situación.
También se cuestiona la emisión de cuatro decretos consecutivos de estado de emergencia en Lima y Callao sin un plan público con metas e indicadores claros, así como el atentado con explosivos contra el bus de la orquesta Armonía 10 en Trujillo, citado como símbolo del avance del crimen organizado.
Otro punto crítico es el respaldo público que Jerí expresó en enero de 2026 al paro de transportistas. Para los promotores de la censura, esta postura resulta incompatible con su rol como presidente de la República encargado, quien —sostienen— debe garantizar el orden interno y mantener neutralidad frente a los conflictos sociales.
Con el objetivo de acelerar el proceso, el congresista Jaime Quito presentó una solicitud para convocar a un Pleno Extraordinario y debatir la censura lo antes posible. De alcanzar los 66 votos necesarios, Jerí sería censurado como presidente del Congreso y, en consecuencia, dejaría automáticamente de ejercer la Presidencia de la República por sucesión constitucional.
Entre los firmantes figuran congresistas no agrupados y representantes de bancadas como Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular, Avanza País, Honor y Democracia y el Bloque Democrático Popular.
Mientras Jerí denuncia un intento de desestabilización política para alterar el proceso electoral, el Congreso deberá decidir si admite a debate esta cuarta moción. Por ahora, la presión política vuelve a cercar al mandatario interino, cuyo futuro depende, una vez más, del tablero parlamentario.
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