HARTA PLATA. El Poder Judicial admitió el requerimiento de un pago de S/700 millones por concepto de reparación civil que solicitó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en contra del ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y otros investigados en el denominado caso Alas Peruanas.
Según la resolución, a la que accedió el diario ‘El Comercio’, el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, declaró “fundado” el pedido de “constitución en actor civil” de la referida procuraduría en contra del excongresista fujimorista y otros por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal -proveniente de presunto fraude- en contra del Estado Peruano.
Cabe recordar que, en abril de este año, se incautaron bienes por más de mil millones de dólares en relación a este caso, por lo que el ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que era “el caso de lavado de activos más grande en el Perú”.
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En julio del 2019, el Ministerio Público dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Ramírez Gamarra y parte de su familia. En la misma, también fueron incluidos la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su exasesor Pier Figari, personas jurídicas como la Universidad Alas Peruanas S.A.C, el partido Fuerza Popular, entre otros.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Fiscalía señala la existencia de una organización criminal dedicada al delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de los aportes de los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas SA (en adelante ALASPE) con el objeto de obtener ganancias ilícitas (origen ilícito imputado), que habrían sido usadas para realizar actos de lavado de activos mediante la conversión, transferencia y ocultamiento, entre otros.
El Ministerio Público identificó tres brazos dentro de la sindicada red criminal: un “brazo dirigencial”, el “brazo empresarial o comercial” y el “brazo político”.
Una vez obtuvieron las ganancias ilícitas; la organización criminal habría desarrollado su programa criminal con la finalidad de convertir, transferir, ocultar y usar este dinero, bienes, efectos y ganancias obtenidas en beneficio de sus integrantes de forma que puedan gozar de estos, evitar su incautación y alejar los mismos de su naturaleza delictiva.
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