El hombre que hoy controla todas las cárceles del Perú podría terminar convertido en un interno más. Emilio Iván Paredes Yataco, flamante presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), enfrenta una grave denuncia por presunta estafa que ya está en manos del Ministerio Público.
La acusación viene desde Ayacucho y la hizo Adela Huamancusi Quispe. Ella aseguró en el programa ‘Cuarto poder’ que, en abril de 2019, entregó en la oficina de Paredes 20 mil dólares y 10 mil soles —alrededor de 80 mil soles— para que, como abogado, consiguiera la liberación de su esposo, algo que nunca realizó.
Según la mujer, todo se dio de manera informal, sin recibos ni documentos oficiales. El entonces letrado le habría ofrecido hasta un reloj de 800 dólares como “garantía” y la promesa de devolver el dinero en cuotas, promesa que jamás cumplió.
Lo más grave de la denuncia son las pruebas. La carpeta fiscal contiene siete audios, chats y fotografías que muestran a Paredes con la denunciante. En los registros, nunca negó haber recibido el dinero, solo repetía que lo devolvería.
“Yo se lo voy a devolver, no le estoy diciendo que no”, se escucha en una de las grabaciones. Otro extracto muestra su compromiso: “El miércoles estamos quedando, 12 del medio día”.
El dominical reveló que, al insistir en el reclamo, la respuesta de Paredes no fue el pago, sino una denuncia policial contra Adela, a quien acusó de amenazas verbales.
El caso fue derivado a una fiscalía anticorrupción en Lima porque las grabaciones también hablarían de tráfico de influencias.
La denuncia contra Paredes no es la primera mancha en su historial. El Sindicato del INPE recordó que antes de ser nombrado jefe de los penales acumulaba al menos 23 denuncias policiales y 18 carpetas fiscales.
En esos registros figuran intervenciones por conducir presuntamente en estado de ebriedad, intentar darse a la fuga y negarse a pasar el dosaje etílico. Incluso el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima lo sancionó en 2023 con un año de inhabilitación para ejercer la profesión, declarando que era “indigno” de ser abogado.
Pese a todo, Iván Paredes, quien ha sido abogado de figuras públicas como Magaly Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’, o la exalcaldesa Susana Villarán, fue designado hace dos meses por la presidenta Dina Boluarte como cabeza del sistema penitenciario.
Hoy, la situación de Iván Paredes es un contrasentido: dirige las prisiones del país, pero si la justicia confirma su responsabilidad en la estafa, podría acabar tras las rejas.
El caso no solo pone en jaque su futuro, sino que abre serias dudas sobre los filtros para elegir a quienes deben garantizar la ley y el orden en las instituciones del Estado.
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