La fiscal Marita Barreto y su secuaz el coronel Harvey Colchado jamás soñaron, ni en sus peores pesadillas, que Jaime Villanueva —su testigo estrella que les sirvió para echar de su cargo a la fiscal de la Nación Patricia Benavides— terminaría incriminando a sus amigos y protectores de ambos: los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti.
Cuando en noviembre pasado las dos autoridades detuvieron a Villanueva, lo convencieron para que se convirtiera en colaborador eficaz y, a cambio de su libertad, incriminara exclusivamente a Benavides para sacarla de su puesto. Lo consiguieron, pero, por lo que ahora se conoce, el tiro les salió por la culata.
A inicios de este año, apenas su caso pasó a la fiscal suprema Delia Espinoza, Villanueva, conocido como el ‘Filósofo’, empezó a cantar y confesar hechos que se sospechaban desde hace muchos años, pero que nadie había podido corroborar: durante su gestión como fiscal de la Nación (2015-2018), Pablo Sánchez permitió que Vela y Pérez, digitados por Gorriti (según declaración de Villanueva), direccionaran el caso Lava Jato de la corrupta empresa Odebrecht contra ‘enemigos’ políticos.
Específicamente contra el expresidente Alan García (quien acabó suicidándose cuando iba a ser arrestado) y Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, quien en tres oportunidades fue enviada a prisión injustamente, como así lo consideraron las instancias judiciales que ordenaron su libertad.
Las declaraciones de Villanueva —difundidas por la periodista Milagros Leiva, Willax TV— tendrán que ser corroboradas, sin distingo alguno, pero hay varios indicios que le dan credibilidad.
EL FACTOR HAMILTON CASTRO
Una persona clave para desentrañar cómo se fue tejiendo el control político de las investigaciones es el doctor Hamilton Castro, el primer fiscal del caso Lava Jato. Castro fue separado de ese proceso, luego de una discusión que tuvo con el periodista Gorriti. La riña se originó cuando el fiscal, quien sostenía una conversación con el reportero (por pedido de Pablo Sánchez), se dio cuenta de que lo estaba grabando sin su consentimiento.
Hamilton Castro era un fiscal discreto y acucioso, que no se dejaba manipular por nadie, menos por “un periodista gurú”, como él mismo lo dice en su libro ‘Juicios paralelos y procesos penales’, en alusión a Gorriti.
Allí relata: “Un periodista ‘gurú’ de casos emblemáticos acude a la Fiscalía y le explica al fiscal su punto de vista sobre la necesidad de establecer ‘alianzas’ entre medios de investigación y el Ministerio Público (…). Enseguida sugiere que el medio de comunicación al que él representa conozca con antelación los viajes que, por entonces, se tornaban ineludibles”.
Castro era un rotundo opositor al acuerdo con Odebrecht. Tiempo después, cuando se encontraba en diligencias en Brasil, fue separado de su cargo sin ninguna explicación. En su reemplazo fue nombrado Rafael Vela.
Luego fue incorporado a ese Grupo Especial el fiscal José Domingo Pérez, a quien se le encargó el caso ‘Cocteles’ de Keiko Fujimori (“se necesitaba un fiscal valiente y loco para ese caso”, ha declarado Villanueva).
LLUVIA DE FILTRACIONES
A partir de allí, Vela y Pérez convirtieron Lava Jato en un caso extremadamente político. Para empezar, llegaron a un acuerdo que favorecía a la corrupta Odebrecht. Las declaraciones de los colaboradores eficaces se convirtieron en un festival de filtraciones que se entregaban a periodistas amigos. Varios de ellos le han contado y demostrado a este columnista que recibían la información en tiempo real y vía WhatsApp.
De hecho, la intención era criminalizar a las personas que ellos investigaban. Muchos de los investigados terminaron presos, pese a que no había denuncia formal alguna, pero luego recobraron su libertad porque sus detenciones habían sido arbitrarias. Un socio clave de dichos fiscales fue el juez Richard Concepción Carhuancho, quien, sin el menor rigor de evaluación, aceptaba los pedidos de prisiones preventivas.
EL MINISTERIO PÚBLICO HUELE A PODRIDO
El ‘Filósofo’, por cierto, también ha incriminado a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ha dicho que tenía tratos con Keiko Fujimori para tumbarse a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También ha arremetido contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.
La JNJ abrió investigaciones contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero todos dudan de su imparcialidad. Lo cierto es que la investigación del caso Lava Jato necesita un cambio radical. Está totalmente politizado. Ha perdido credibilidad. Lo mismo debe ocurrir en las altas instancias del Ministerio Público. Pero ¿quién hará ese cambio si hasta el mismo fiscal de la Nación interino, Carlos Villena, ha sido mencionado en esta trama siniestra? En esa entidad, desde hace varias décadas, ¡todo huele a podrido! Nos vemos el otro martes.
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