El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) generó un verdadero remezón político y judicial al declarar nula la clasificación que permitió el ingreso de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo. Según el organismo, el procedimiento realizado el 14 de agosto estuvo plagado de irregularidades y no cumplió con la normativa que regula la ubicación de expresidentes procesados. Ahora su futuro podría estar en Lurigancho.
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La decisión deja en el aire la situación carcelaria del exmandatario, quien actualmente cumple cinco meses de prisión preventiva por orden del Poder Judicial. Ahora, el INPE ha dispuesto la conformación de una nueva Junta Técnica de Clasificación que evaluará el caso desde cero y determinará cuál será el penal en el que deberá permanecer.
INPE anula resolución que dispuso internamiento de Vizcarra en Barbadillo, confirma vocero del expresidente
Fuentes del propio organismo señalaron que, con el puntaje obtenido en la ficha de clasificación, Vizcarra debería haber sido destinado al penal de Lurigancho, uno de los establecimientos más poblados y con mayor nivel de hacinamiento de Lima.
Barbadillo, en cambio, no aparece en la directiva como un centro penitenciario de destino regular, sino como un recinto especial reservado solo para expresidentes elegidos en las urnas.
VACÍO LEGAL
El documento oficial del INPE precisa que la situación del exjefe de Estado genera un “vacío legal”, ya que Vizcarra no llegó al poder mediante el voto popular, sino tras la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. En ese sentido, no encaja en las excepciones que justificarían su permanencia en Barbadillo, pero tampoco se descarta que pueda permanecer allí por motivos de seguridad personal.
El nuevo comité encargado de evaluar su caso estará integrado por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social. Ellos tendrán que analizar no solo la normativa, sino también factores como el riesgo procesal, los antecedentes judiciales y la condición de figura pública del exmandatario.
INPE niega injerencia del Ejecutivo en decisión sobre Martín Vizcarra. Foto: INPE.
Mientras tanto, Vizcarra continúa recluido en Barbadillo bajo régimen preventivo, compartiendo condición de interno con otros expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Sin embargo, de confirmarse su traslado, el escenario sería muy distinto: Lurigancho es considerado el penal más complejo del país y uno de los más hacinados de la región.
El exmandatario afronta investigaciones por presunto cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde, según la Fiscalía, habría recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas ICCGSA y Obrainsa. La justicia le impuso prisión preventiva tras considerar que no cuenta con arraigo laboral ni familiar, además de existir peligro de fuga.
En paralelo, el INPE aclaró en un comunicado que la presidenta Dina Boluarte no tiene injerencia en este proceso, subrayando que la decisión sobre Vizcarra corresponde únicamente a criterios técnicos y legales. En los próximos días se espera que la nueva Junta emita su resolución definitiva, lo que podría marcar un antes y un después en la suerte judicial del exmandatario.
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