Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación
Caos vehicular, invasión de mototaxis, pistas destrozadas, obras paralizadas, ambulantes que parecen hormigas y huaicos que acechan, es el sombrío panorama de todos los días en Ica, en donde este columnista estuvo la semana pasada.
El tremendo reto para resolver esta aguda problemática está en manos del gobernador de esa región, Javier Gallegos, y Emma Mejía, la joven y única alcaldesa provincial del país.
Ica, felizmente, tiene también otra cara. Es la primera región agroexportadora del país. Exporta uva, palta, espárragos y cítricos (el 70% de su producción agrícola) a más de 50 países de Asia, Europa y Estados Unidos. Emplea por temporada a ¡150 mil personas!
Alberga, asimismo, importantes inversiones mineras. En la actualidad, es la primera productora de harina de pescado.
Sería la niña de sus ojos de cualquier autoridad. Tanto así que el mismo presidente Martín Vizcarra le ha ofrecido al gobernador Gallegos 200 millones de soles para la obra de ensanchamiento de dos kilómetros del río Ica.
Las gestiones ya se echaron a andar, pero varios especialistas han empezado a criticarla técnicamente. “El presidente Vizcarra no conoce nuestra realidad. El ensanchamiento del río botaría más cantidad y con mayor rapidez el agua al mar. Ello perjudicaría al agro y disminuiría dramáticamente la napa freática”, dice el empresario Francisco Massa Pardo.
Lo peor, según Massa, es que se le encargará al municipio la reubicación de las numerosas familias que se encuentran en las riberas que se piensa ensanchar. Es decir, la alcaldesa aún no puede con la basura, los ambulantes y el tránsito y ahora se le encargará esa difícil tarea.
El gobernador Gallegos empezó con ímpetu su gestión y mandó a ejecutar la construcción de la doble vía Ica-Guadalupe, valorizada en 19 millones de soles, licitada en la gestión de su antecesor Fernando Cilloniz.
La obra estaba programada para iniciarse el 24 de enero pasado, pero todo se paralizó cuando se supo que una de las empresas que compitió en la licitación había presentado una demanda. Según la protesta, una compañía que integró el consorcio ganador estaba inhabilitada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Ahora se tendrá que hacer una nueva convocatoria. Todos esperan que se haga rápido y no se cometan irregularidades. Más aún cuando el propio Gallegos ha anunciado que dicha región tiene este año un presupuesto de 600 millones de soles para construcciones en la modalidad de obras por impuesto.
No fue posible entrevistar a Gallegos ni a Emma Mejía, pues –según parece– sus asesores le tienen temor a la prensa limeña.
El año pasado, según la especialista Alexandra Ames, ninguna de las regiones del país –excepto Tumbes y Loreto– logró ejecutar más del 50% de su presupuesto. Ocurrió que se designaron a amigos y partidarios, y no a especialistas en gestión pública. La historia no se debe repetir. Nos vemos el otro martes.
Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.