La captura ayer de José Quispe Zúñiga (24) —hijo de Víctor Quispe Palomino, jefe de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)— y de Iván Quispe Vargas —vástago de Antonio Quispe, hermano del terrorista arriba mencionado— es un duro golpe de agentes anónimos de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
Ha sido un trabajo silencioso y doloroso de muchos años, iniciado antes del gobierno del golpista Pedro Castillo y su socia la ahora presidenta Dina Boluarte. Conozco a varios de esos efectivos que han visto morir a docenas de sus compañeros y sus compromisos familiares han terminado en la ruina.
Por eso me indigna que el ministro del Interior, Vicente Romero, haya querido aprovecharse, con la anuencia de algunos medios, de esta acción para salvarse de la censura. Debería presentar su renuncia. No solo por su pésima gestión para frenar la delincuencia. También por un acto público de gigantesca improvisación.
El martes pasado a las 6 de la mañana —antes de presentarse ante el Congreso— hizo una cinematográfica presentación del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y dos brigadas que “combatirían el creciente crimen organizado”.
‘Nadie sabía de la existencia de esos nuevos organismos’
Sin embargo, de acuerdo con un documento interno de la Policía, nadie sabía de la existencia de esos nuevos organismos.
Según el texto, el lunes 6 de noviembre agentes de diferentes unidades fueron convocados, ‘bajo responsabilidad’, a participar al día siguiente martes en una ceremonia en la explanada del Ministerio del Interior.
Los policías que estuvieron en la ceremonia cuentan lo que ocurrió ese día: “Para tal fin (cuando estábamos en la formación) nos cambiaron los logos de nuestros chalecos y nos pusieron los de la Policía Antiextorsiones”.
Continúan su narración: “Los policías de las diferentes unidades, que formábamos allí, escuchamos ‘horrorizados’ que el ministro Romero anunciaba a la prensa que la ciudadanía iba a contar con estas flamantes unidades ‘capacitadas’, ‘especializadas’ y ‘formadas’ para combatir el crimen organizado y los asaltos en las calles”.
Todo era un montaje, dicen. Según otro documento mostrado a este columnista, recién el domingo —tres días antes del show— la alta dirección de la Policía Nacional, alineada con Romero, ordenó a las direcciones de criminalística que acondicionaran espacios en donde operarían las nuevas unidades, que harían lo mismo que ellas.
Es lamentable que el general Óscar Arriola, director nacional de las unidades de investigación criminal, no haya mostrado su desacuerdo. Arriola, por cierto, también apoyaba el proyecto del Gobierno sobre ‘la policía del orden’, un disparate que fue rechazado por el Congreso.
De acuerdo con fuentes policiales, un hombre clave en esta operación habría sido el general PNP (r) Oswaldo Hernández Revolle, asesor de seguridad del premier Alberto Otárola. Hernández ha ganado contratos por 80 mil soles luego de reunirse con ese todopoderoso ministro. ¿La presidenta Dina Boluarte, que parece vivir en otra realidad, sabrá de todos estos intríngulis policiacos? Nos vemos el otro martes.
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