Les estaría por llegar su hora final. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció la semana pasada la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y otros más.
“Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales”, declaró.
Hay voces a favor y en contra de la medida, lo cierto es que, ya desde hace buen tiempo, esos equipos se habían politizado. Casi todos sus integrantes hacían de sus investigaciones espectáculos mediáticos.
El campeón en montar esos circos políticos era el Equipo Lava Jato, que investiga a la empresa corrupta Odebrecht. El fiscal superior Rafael Vela, coordinador de ese grupo, y sus subalternos cometieron abusos y arbitrariedades en contra de muchas personas que vieron afectado su honor y mancilladas sus trayectorias profesionales.
Allí está el caso, por ejemplo, del humilde chofer y la secretaria del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Ellos fueron incluidos para completar el número de tres implicados a fin de poder acusar a PPK por el delito de organización criminal. Ambos se pasaron años en una investigación interminable. Al final fueron sacados del proceso porque no tenían responsabilidad.
Lo mismo ocurrió en el caso Los Cocteles de Keiko Fujimori, en donde el fanatizado fiscal José Domingo Pérez —el lugarteniente de Rafael Vela— metió en su investigación a cuanta persona creía haber financiado las campañas de la fujimorista.
Uno de ellos fue el empresario Ricardo Briceño, quien durante años explicó que jamás había financiado a esa política. Por más documentos que presentó, Pérez no le creyó y el juez Víctor Zúñiga autorizó que fuera llevado a juicio oral.
Briceño tuvo que recurrir a la Corte Suprema, en donde presentó un amparo contra ambos magistrados. Felizmente su pedido fue aprobado y consiguió salir de ese proceso.
Lo que es peor, en octubre pasado, el Tribunal Constitucional ordenó archivar ese proceso contra Keiko Fujimori y su partido, “pues carece de sustento jurídico”.
El Equipo Lava Jato, además, es cuestionado por favorecer a la empresa brasileña Odebrecht. Lo central de la acusación es que el acuerdo de colaboración eficaz en el que participaron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez —conocidos como Batman y Robin en la Fiscalía— fue lesivo para el país. Entre otras cosas, le permitieron a esa compañía vender activos y le perdonaron una millonaria deuda tributaria a esa compañía, a cambio de delatar a sus compinches peruanos. Lo hicieron, pero después negaron ese acuerdo y anularon las declaraciones que habían dado.
Los fiscales que integran ese grupo dicen que han logrado condenas contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. El caso Toledo es antiguo y sobraban las pruebas; el de Humala está en apelación y es probable que revierta su situación pues los aportes de campaña que habría recibido de Odebrecht no eran delito en ese entonces. El de Vizcarra es el único que está sólidamente sustentado.
¿Será el final del equipo de Batman y Robin? Nos vemos el otro martes.
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