El escándalo mundial conocido como el Caso Lava Jato, lejos de perjudicar a la empresa brasileña corrupta Odebrecht, ha terminado favoreciéndola, especialmente, en el país.   

Hace poco, el periodista Beto Ortiz, a través de su programa ‘Beto a saber’, reveló la parte medular del acuerdo secreto que en el año 2018 suscribió dicha compañía con el grupo de fiscales liderados por Rafael Vela y José Domingo Pérez.    

Se trata de un pacto indignante: la reparación civil que deberá pagar Odebrecht al Estado Peruano, por todas las corruptelas millonarias de las que se benefició, será de apenas 610 millones de soles, ¡repartidos en cómodas cuotas anuales hasta el año 2034!    

Es una bofetada a los pequeños empresarios que quiebran sus negocios porque no pueden pagar sus impuestos, y la Sunat los somete a una implacable presión todos los meses.   

Allí no quedan los beneficios. Ninguno de sus funcionarios podrá ser procesado jamás por las corruptelas que hicieron en el país. Sus bienes, propiedades y cuentas de ahorro tampoco serán embargados. Todo eso a cambio del recurso fácil de delatar a sus socios.   

Un negocio redondo, pese a que muchas de las delaciones que han brindado no han podido ser comprobadas, pero se han llenado los bolsillos de dinero.   

En el año 2020, por ejemplo, el portal brasileño ‘Consultor Jurídico’ reveló que Jorge Barata –el mandamás de Odebrecht en Lima y testigo estrella de la fiscalía– recibió una compensación de 8,5 millones de dólares por sus confesiones. Desde el año 2016, recibe una pensión mensual de 28,260 dólares sin trabajar y su empresa corre con sus gastos personales y familiares.    

Por si fuera poco, tal como afirmé en una de mis columnas que publiqué en julio de ese año titulada ‘Caso Lava Jato, sombras y disparates’, la justicia peruana, a pedido de la fiscalía, le devolvió 15 millones de dólares que tenía en propiedades en Lima.   

Esto sin contar que a Odebrecht, estando ya procesada, se le permitió vender la central hidroeléctrica de Chaglla en US$ 1400 millones a una empresa china.   

¿Quiénes son los responsables de ese acuerdo lesivo? Por todo lo que se conoce, los hilos conducen a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Son pocos, sin embargo, los periodistas que se han atrevido a señalarlos. Tal vez porque –como bien indicó el reconocido periodista de investigación Ricardo Uceda en una de sus columnas que publica en el diario El Comercio– ambos fueron “endiosados” por la prensa.   

Han transcurrido más de siete años desde que los fiscales empezaron su labor, pero no han logrado una sola sentencia de sus casos. Mucha gente fue enviada a prisión injustamente y su vida personal y profesional terminó arruinada. Conozco muchos de esos casos.    

Ya es tiempo, como ocurre con todo profesional y funcionario público, que se haga un balance imparcial y objetivo del trabajo de ambas autoridades. Nos vemos el otro martes.

*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

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