En mis cerca de cuatro décadas de periodista de investigación cubriendo temas de seguridad y corrupción, nunca había sido testigo de una medida tan insólita y disparatada como la emitida la semana pasada por el Gobierno, que sanciona hasta con ¡treinta años de prisión a los ladrones de celulares!
Lo ocurrido demuestra que, lamentablemente, el régimen de Dina Boluarte no tiene estrategia alguna para combatir la imparable violencia en el país.
Es tan hilarante la iniciativa que hay quienes comentan, con justificada ironía, que si la norma hubiera estado vigente el día del partido Perú-Argentina, el arquero Pedro Gallese podría estar en serios problemas. Como se recuerda, el portero le arrebató el teléfono móvil a un joven despistado que, en pleno partido, ingresó a la cancha para tomarse una foto con el jugador argentino Lionel Messi. Si su caso hubiera caído en manos de uno de los fiscales del proceso ‘Lava Jato’, el guardameta ya estaría con prisión preventiva de 36 meses.
Por donde se le mire, la medida es una farsa. Es tan populista como poner en la atención pública la aplicación de la pena de muerte. Según cifras oficiales, entre enero y setiembre de este año, se han reportado 1′200,000 robos de celulares. Las empresas operadoras registran un promedio de 4659 denuncias diarias del hurto de esos aparatos.
¿Se imaginan cuántos ladrones de celulares estarían presos? Se tendrían que invertir millones de soles para construir cárceles del tamaño de regiones completas para albergarlos. Y más millones para la manutención de los reos. La inversión superaría enormemente el monto total de los móviles arrebatados.
El exministro Pedro Cateriano graficó con una enorme claridad la barbaridad de esta normativa: “El Estado no construye cárceles hace ocho años. El hacinamiento en los penales es inhumano. El inepto monopolio estatal penitenciario no compra grilletes electrónicos. Sin criterio legal, el Gobierno dicta un decreto legislativo para llevar a la cárcel por treinta años a los ladrones de celulares. ¿Más caos?”.
La iniciativa, además, es incongruente. Los treinta años de pena que se impondrán a los ‘robacelulares’ superan a los veinte años que se aplica a los homicidas, sicarios, lavadores de dinero y corruptos.
Allí no queda la cosa. Una asesora del Ministerio del Interior declaró que el robo de celulares es más grave que el homicidio porque el celular “podría” usarse para otros delitos. Es decir, bajo su alucinante razonamiento, solo atrapando a los ladrones de móviles se acabarían todos los delitos en el país.
Una de las soluciones está en fortalecer el bloqueo automático de los celulares robados y en reprimir el mercado negro en donde se venden.
Mientras tanto, el hampa no se detiene. El jueves fue asesinado a balazos el teniente gobernador de San Juan de Lurigancho, Tommy Saravia, pese a que ese distrito se encuentra en estado de emergencia. ¿Este es el plan Boluarte? Nos vemos el otro martes.
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