POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación
El Tribunal Constitucional (TC) le ha clavado a los peruanos una puñalada por la espalda. Todos esperábamos que resolviera ¿cuándo procede la ‘incapacidad moral permanente’ para vacar a un presidente de la República? Pero, al final, no resolvió nada.
Como se sabe, el expresidente Martín Vizcarra presentó una demanda para que el TC se pronunciara sobre esa ambigua figura, que había sido utilizada por el Congreso para pedir su vacancia por el caso ‘Richard Swing’.
Nunca hubo respuesta, Vizcarra fue vacado y el TC recién se pronunció el jueves. No se trataba de que Vizcarra volviera, sino de que ese máximo organismo constitucional resolviera en qué situación se aplicaba ese tipo de despido presidencial. Pero falló por la ‘sustracción de la materia’, que en cristiano significa que, como Vizcarra ya había sido vacado, no tenía nada de qué pronunciarse.
Los magistrados de esta aberración son Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda, los tres primeros proclives al fujimorismo.
Los que declararon fundada la demanda y establecieron reglas para aplicar la vacancia fueron Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, pero solo eran tres.
Por lo tanto, el país sigue en el limbo. Mañana mismo, un aspirante a colaborador eficaz puede decirles a los fiscales del Caso Lava Jato que el ‘Club de la Construcción’ financió la campaña de Sagasti para ser congresista.
Los fiscales, sin comprobar nada, filtrarán la declaración a la prensa, se armará el escándalo, los congresistas presentarán la moción de vacancia, el caso llegará al pleno, y allí, con solo 87 votos, ¡chau ‘Don Quijote’!
¿Por qué los cuatro magistrados, liderados por Ernesto Blume, emitieron esa cuestionable sentencia?
Varias versiones aseguran que se trató de un acuerdo para salvar de denuncias a Manuel Merino y Ántero Flores-Aráoz, quienes asumieron el gobierno luego del golpe que vacó a Vizcarra.
Merino y Flores-Aráoz han sido denunciados por violación de derechos humanos por la muerte de dos estudiantes. También podrían ser demandados por usurpación de poderes, al igual que los 105 congresistas golpistas que aprobaron la vacancia.
El acuerdo, dicen, fue liderado por Blume, quien es amigo de Flores-Aráoz. Pocos saben que, antes de llegar al TC, Blume fue abogado de Carlos Burgos, el exalcalde de San Juan de Lurigancho, preso por corrupción.
Es importante recordar que fue Keiko Fujimori la principal responsable del uso indebido de la vacancia por ‘incapacidad moral permanente’. En 2017, su partido la utilizó para vacar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero no lo consiguió.
Meses después volvió a la carga. Urdió un plan siniestro y logró que el propio PPK presentara su renuncia y fuera reemplazado por Martín Vizcarra, quien asumió el cargo sin imaginar que lo mismo le harían a él.
El presidente Francisco Sagasti debe dejar de lado sus palabras bonitas y ponerse en guardia. Este Congreso no cambiará. Nos vemos el otro martes.
