Mientras un manto de sospechas surge sobre la muerte de José Miguel Castro, el brazo derecho de la exalcaldesa Susana Villarán, el fiscal José Domingo Pérez volvió otra vez con el caso de los Cocteles de Keiko Fujimori.
Para muchos se trata de una cortina de humo. No les falta razón. Las críticas sobre él arreciaban debido a que no actuó con la debida diligencia y rapidez para que Castro se convirtiera en colaborador eficaz y todo lo que le contó se pudiera usar en el juicio contra Villarán y gente de su entorno, por la coima de US$ 11 millones que recibió de las empresas corruptas Odebrecht y OAS.
La semana pasada, Pérez, fiel a su estilo, se dedicó a dar entrevistas a sus amigos periodistas y culpó de esa demora al propio occiso, por cambiar constantemente de abogados, y al Congreso, por dar una nueva ley sobre ese beneficio, todo lo cual no se ajusta a la verdad.
Para empezar, José Miguel Castro desde hace ¡seis años! había iniciado el trámite del sistema delator; y la norma congresal, por el contrario, acorta el plazo de ese acogimiento y entró en vigencia hace poco.
¿Por qué esa dejadez? Ya la semana pasada, este columnista había adelantado que la displicencia del mencionado fiscal se debía a que Castro había dado información de alto voltaje que comprometía a políticos de izquierda y hasta periodistas allegados a Villarán, que jamás habían sido mencionados. Como se sabe, ese sector ideológico es férreo defensor de Pérez y de su jefe Rafael Vela.
El mismo fiscal Pérez, en una entrevista el jueves a La República, dijo que cuando al aspirante a colaborador eficaz se le preguntó cuál fue el destino que se dio a los aportes de las empresas Odebrecht y OAS, él respondió: “Conozco que el destino fue el pago de publicidad masiva en varios medios de comunicación, como canales y radios, el pago a agencias publicitarias, el pago de asesores políticos y de estrategia, y demás gastos”.
Toda la captación y repartición de los sobornos se hacía a través de una llamada ‘Asociación Amigos de Lima Metropolitana’, creada especialmente para ese fin y que dirigía Daniela Maguiña, la cuñada de José Miguel Castro. Precisamente, sobre ella debía declarar en los próximos días.
¿Quiénes son esas personas que mencionó Castro? Eso solo lo sabe José Domingo Pérez, quien, debido a su demora, jamás podrá decirlo y ni siquiera mencionar sus nombres.
Lo sintomático es que las declaraciones que dio Castro, cuando era aspirante a ser colaborador, jamás se filtraron a la prensa. Lo que sí ocurrió con otros testimonios, en la misma condición legal, que filtraba la fiscalía como volantes, sobre políticos contrarios a la izquierda para criminalizarlos y acabar con sus partidos políticos. El doble rasero ideológico de la fiscalía es más que evidente.
¿Hasta cuándo seguirá la impunidad de este fiscal? Nos vemos el otro martes.
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