En la mañana del viernes pasado, antes de ser suspendida por seis meses de su cargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se lanzó un discurso de candidata presidencial. Según su elocución, que duró cerca de una hora, ella es la única autoridad en el país que lucha contra la corrupción y el proceso en su contra respondía a presiones políticas, lo cual no es cierto.
En una muestra más de su poco apego a las reglas que no le convienen, a esa misma hora debía estar en una audiencia a la que había sido convocada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para que se defendiera por el pedido de suspensión que había contra ella.
No se presentó porque, según dijo, la JNJ ya había tomado la decisión de suspenderla. Ese solo hecho es una falta de respeto a quienes la juzgan, pues nadie, menos una autoridad como ella, puede lanzar una acusación temeraria sin mostrar una prueba, con simples suposiciones.
En junio pasado, como se recuerda, la JNJ le ordenó reponer a la doctora Patricia Benavides como fiscal suprema y restituirla como fiscal de la Nación, pero ninguna de esas dos disposiciones acató.
Se declaró en rebeldía, armó un show en el local del Ministerio Público, con velas incluidas, “con la finalidad de demostrar su resistencia al cumplimiento de una resolución obligatoria, apartándose de los deberes funcionales”, según dice el fallo de la JNJ.
Hasta al último minuto en su cargo, Espinoza argumentó que no cumplió con lo ordenando por la JNJ porque hubiera contravenido la ley. Entonces -según su pensamiento- debemos inferir que los cinco magistrados supremos de la Sala Penal de la Corte Suprema, encabezados por el doctor César San Martín, fallaron ilegalmente al ordenar la reposición de Benavides. Su punto de vista es falaz.
Espinoza entró con buen pie. Una de sus primeras medidas fue ordenar que los fiscales debían solicitar autorización para dar entrevistas a los medios. Era un claro mensaje a los endiosados fiscales del Caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Incluso, de acuerdo con fuentes fiscales, marcó un cierto alejamiento de una ONG que, desde la época del fiscal Pablo Sánchez, tenía privilegios e influencias internas en el Ministerio Público.
Pero de pronto, Espinoza cambió radicalmente. Denunció a todo aquel que se atrevía a cuestionar sus acciones y retornó a su bando a varios de quienes se había distanciado, como los arriba señalados.
En ese claro abuso de poder empapeló a magistrados con trayectoria y a periodistas de Willax TV, que solo cumplían su trabajo fiscalizador. El ataque a ese medio es constante y hasta le ha atribuido la responsabilidad de la separación de su cargo.
Espinoza pretende ser repuesta por el Poder Judicial, en donde el sector que la apoya tiene poderosas influencias. Veremos qué ocurre con esta autoridad que ejerció su cargo con una arbitrariedad flagrante. Nos vemos el otro martes.
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