A fines del año pasado, José Domingo Pérez, el fiscal estrella del caso Odebrecht, se apareció con una espectacular camioneta Volvo valorizada en US$ 76 mil. Las sospechas, como es obvio, se encendieron: su sueldo es de 14 mil soles, sin contar descuentos. Y él es la máxima autoridad que investiga a esa corrupta empresa que pagó millonarios sobornos en el país.
El viernes pasado, después de varios meses de investigación, la Oficina de Control del Ministerio Público decidió investigarlo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Previamente al inicio de esta indagación preparatoria, el fiscal superior Reggis Chávez le había detectado a Pérez un desbalance patrimonial de S/ 131 mil. El resultado se mantenía en secreto en las altas esferas fiscales, hasta que el periodista Phillip Butters lo destapó en su programa de Willax TV. En respuesta, recibió ataques de los afiebrados defensores de la cuestionada autoridad.
El que no se ha pronunciado es el fiscal de la Nación provisional, Juan Carlos Villena, conocido por su acercamiento con los fiscales del equipo Lava Jato. La semana pasada, Pérez negó los cargos y le pidió a Villena, “muy respetuosamente”, un plazo razonable para justificar sus ingresos no declarados.
Su pedido resulta paradójico. Pérez ha acusado, sin pruebas, a muchas personas, a las que jamás les otorgó los “plazos razonables” que ahora implora “respetuosamente”. Y hasta ignoró pruebas que los investigados le entregaron para desvirtuar sus acusaciones.
Una de ellas es el empresario Ricardo Briceño, quien fue presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) entre los años 2009 y 2011. El fiscal Pérez lo ha acusado de desviar US$ 2 millones provenientes de la “Campaña de Promoción a la Inversión Privada” de esa institución, para financiar la campaña de Keiko Fujimori en 2011.
Sin embargo, durante seis años, no ha podido demostrar ni una letra de lo que sostiene. Todo lo contrario. Aquella fue una campaña educativa en defensa de la economía de mercado. No tenía en absoluto la finalidad de favorecer a la fujimorista. Su principal argumento es que Briceño le pidió dinero para esa publicidad a Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Lima, pero el mismo Barata lo ha negado.
La acusación de Domingo Pérez contra Briceño es un monumento a la injusticia, como el de muchos otros del proceso Lava Jato que no se conocen públicamente.
La semana pasada, el mismo Briceño, durante la audiencia del caso Los Cocteles, lo encaró. Le pidió que retirara su acusación, pues era arbitrario lo que le estaba haciendo. El mencionado fiscal, conocido por sus arranques histriónicos y su sesgo ideológico, miró para otro lado.
Domingo Pérez, quien está recurriendo a artimañas en el Poder Judicial para detener la investigación por enriquecimiento ilícito, debe ser investigado con total imparcialidad, cosa que él no practica. Su situación debería hacerlo reflexionar y no olvidar aquel conocido refrán: “No hagas a los demás lo que no quieres que hagan de ti”. Nos vemos el otro martes.
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