El expresidente Martín Vizcarra y la otrora premier Betssy Chávez salieron en libertad la semana pasada. Pero eso no quiere decir que han sido absueltos y que no regresarán a prisión, como ellos y sus seguidores, astutamente, quieren hacer creer.
Lo ocurrido ha causado indignación. Existen abundantes pruebas de que ambos cometieron delitos que deben pagar con largos encarcelamientos: Vizcarra por corrupción cuando fue gobernador de Moquegua y Chávez por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
Aunque lo que debe generar más repulsa es la ineptitud de los fiscales y jueces que han visto esos casos, especialmente los fiscales. Sus errores son tan flagrantes que ni siquiera un cachimbo de Derecho actuaría como ellos.
El más clamoroso es el de Betssy Chávez: la fiscalía pidió la prolongación de su prisión preventiva el último día que tenía de plazo, cuando debía haberlo hecho con la debida anticipación, para que el juez Juan Carlos Checkley tuviera el tiempo suficiente a fin de evaluar la solicitud, llamar a ambas partes del proceso y emitir su fallo.
El magistrado, conocido por su experiencia y trayectoria, se vio en la obligación de recibir el pedido. No le quedaba otra salida, pero era imposible resolverlo ese mismo día. Se demoró cinco días para hacerlo, pero ya se había cometido una infracción legal.
Según la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la libertad de Chávez, en ese momento se vulneró el derecho de la procesada, pues nadie puede “padecer de detenciones arbitrarias”.
En el caso de Martín Vizcarra, la Sala Superior que dictó su liberación también observó fallas escandalosas, tanto de la fiscalía del caso Lava Jato como del juez Jorge Chávez Tamariz.
Los magistrados descubrieron que la fiscalía había utilizado los mismos argumentos en un pedido similar de detención preventiva, hecho tiempo atrás, que fueron rechazados por inconsistentes. Sin embargo, el magistrado Chávez Tamariz les dio validez cometiendo “un exceso en sus atribuciones”, según establecieron los vocales superiores.
Vizcarra salió en libertad orondo y continúa haciendo su campaña proselitista, pese a que está impedido de hacerlo. Ahora solo queda que la Sala que lo procesa por el delito de corrupción dicte su sentencia lo más pronto posible condenándolo o absolviéndolo. Todo puede pasar, nada está dicho.
Entre tanto, Betssy Chávez, con toda la desfachatez del mundo, pretende ser contratada por el mismo Congreso que ella y Pedro Castillo quisieron cerrar.
El peruano común y corriente se pregunta qué sanción reciben estos fiscales y jueces que cometen ese tipo de errores. Ellos siguen allí gozando de sus suculentos sueldos y gollerías que nosotros pagamos con nuestros impuestos.
Respetados especialistas son de la opinión que, más allá de pedir prisiones preventivas, los fiscales deben dedicar todo su tiempo en avanzar sus denuncias para que el Poder Judicial sentencie. El país quiere que los corruptos comprobados terminen presos y no salgan hasta cumplir su condena. ¡Ya basta de shows mediáticos! Nos vemos el otro martes.
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