En esta guerra incesante y mediática desatada por el Ministerio Público la semana pasada, el objetivo es la presidenta Dina Boluarte. Todo lo que existe en contra de ella debe investigarse, pero la forma cómo se publicitan los hechos evidencia que existe un afán de desestabilizar al país y crear una crisis política inmanejable que nadie, en su sano juicio, quiere.
El viernes, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que dirige la fiscal Marita Barreto, y los policías de la Diviac, que lideraba el hoy suspendido coronel Harvey Colchado, realizaron otra cinematográfica operación para detener a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado, respectivamente, de la mandataria.
LA FOTO DE DINA
Como siempre lo hacen, elaboraron un organigrama en el cual estaban todos los implicados. En la cabecera del mismo, en donde debía estar la foto del jefe de esa ‘organización criminal’, no pusieron a nadie. Hubiera sido el colmo que colocaran la fotografía de la presidenta, pero es evidente que, para esas autoridades, ella es la líder de esa banda. Y por ella van.
Durante meses enteros, esa fiscalía y el grupo policial —desactivado el jueves pasado, un día antes de la operación— se dedicaron a captar a colaboradores eficaces, testigos protegidos, agentes encubiertos, hicieron escuchas, seguimientos, grabaciones y hasta celadas. Todo eso para acusar a Nicanor Boluarte de haber ejercido un “poder de facto” y utilizar a prefectos y subprefectos en todo el país, a fin de lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú. ¿Se justifica tanto tiempo y recursos para comprobar esa situación?
Muchos de los casos que han sido presentados como logros de esa larga investigación ya habían sido descubiertos y puestos en evidencia por la prensa.
Por lo demás, la utilización política de prefectos y subprefectos en el país es moneda común en todos los gobiernos. En el régimen de Pedro Castillo, cuando su ministro del Interior era Avelino Guillén, se nombró a docenas de esas autoridades, casi todas ellas con antecedentes por terrorismo. ¿Hizo algo para denunciar eso la Fiscalía y la famosa Diviac?
No queda duda que el objetivo de la Fiscalía de investigar a Nicanor Boluarte era comprometer a su hermana, la mandataria.
EL ABOGADO Y LA CELADA
Lo que sí resulta comprometedor para la presidenta es la acusación que existe en contra de su abogado Mateo Castañeda. Según la información, Castañeda, a nombre de ella, le pidió al coronel Harvey Colchado archivar la investigación de su hermano Nicanor, a cambio de mantenerlo en su cargo y protegerlo.
Al respecto existen varias situaciones sintomáticas. La reunión entre el abogado y Colchado se realizó en un conocido restaurante, en el que participó el exministro del Interior, el general Carlos Morán, quien es cercano a ambos. Se sabe que Colchado grabó subrepticiamente la conversación para luego utilizarla en su objetivo. En efecto, cuando Castañeda fue detenido, le informaron de la existencia de esa grabación. Le pidieron que delatara a la presidenta Boluarte, a cambio de no ir a prisión, pero el letrado no aceptó.
¿Qué hacía Colchado almorzando con el abogado de la mandataria que él mismo investiga? ¿Por qué no se reunió en su oficina de la Diviac? ¿Actuó de agente encubierto o agente provocador?
El sábado, mientras era conducido a una diligencia, Mateo Castañeda hizo esta grave acusación: “(…) Esta es una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente. Por eso asistí sin sospechar que él estaba grabando todo”.
Ayer lunes, Morán reconoció que participó en esa reunión, pero no sabía que Colchado estaba actuando de agente encubierto. También narró que sostuvo una reunión tensa con la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor y el abogado Mateo Castañeda, en donde la mandataria le expresó su malestar por el actuar de Colchado y la prensa.
LA POLICÍA POLÍTICA
La guerra se ha acrecentado por la decisión del Ministerio del Interior de desactivar al Equipo Especial de la Policía, al mando del coronel Harvey Colchado, que apoyaba a Eficcop, de la todopoderosa fiscal Marita Barreto.
Este columnista ha señalado que dicho grupo policial se convirtió en un equipo político y vocero propagandístico de esa fiscalía. Sus operaciones eran un show mediático, filtraban declaraciones y documentos reservados, audios y filmaciones en tiempo real a los medios, con la finalidad de criminalizar a los investigados y detenidos.
Se creían intocables. No respetaban jerarquías ni grados. Disponían de un presupuesto astronómico que otras unidades claves no lo tienen. El fiscal de la Nación provisional, Juan Carlos Villena, ha exigido al Gobierno que lo reactive.
Señor Villena, ¡primero ponga orden en su casa! Nos vemos el otro martes.
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