Hasta que por fin, un mes y días después de que se conociera el ultrasecreto acuerdo de colaboración que firmaron los fiscales del caso Lava Jato con la empresa corrupta Odebrecht, la Fiscalía de la Nación decidió abrir investigación contra los que son señalados responsables: los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Diana Canchihuamán. También la procuradora Silvana Carrión y su antecesor Jorge Ramírez, así como la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Se les acusa por los delitos de organización criminal (la figura legal favorita que ellos utilizaban para incriminar a sus investigados), prevaricato, encubrimiento real y personal que habrían cometido para darle inmunidad a la compañía brasileña. La acusación estaba cantada desde que se publicó el acuerdo. Varios especialistas, de diferentes sectores, opinaron que se trataba de un acuerdo desfavorable para el país.
Sin embargo, uno de los magistrados que también tiene mucho que ver con el caso Lava Jato y otros procesos de altísimo perfil político es intocable. Se trata de Richard Concepción Carhuancho, conocido como ‘el juez canero’, quien interpreta las leyes a su regalado gusto y comete flagrantes abusos con los procesados.
La semana pasada, el programa ‘Contracorriente’ de Willax Televisión lo ampayó cometiendo uno de esos excesos que lo podría llevar a su destitución.
En agosto del año pasado —cuando tenía en sus manos resolver la prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda (el hermano y el exabogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente)— el magistrado dio una charla académica en un instituto llamado Udeapolis.
Allí mostró una diapositiva con un organigrama, elaborado por él mismo, con las fotografías de ambos procesados y también de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para graficar “la corrupción en la administración de justicia”, como así tituló su ponencia.
Es decir, como bien lo señaló el programa de televisión, ya los consideraba responsables, cuando en sus manos aún estaba la decisión de enviarlos o no a prisión preventiva. Lo que es peor: hasta ese momento ni siquiera había escuchado los argumentos de defensa de los abogados de Boluarte y Castañeda.
Cuando el video de su charla fue subido a las redes, el juez se percató de su escandaloso desliz jurídico y pretendió ocultarlo de una manera torpe. Le pidió al coordinador académico de Udeapolis que editara la cinta y borrara esa parte que lo comprometía. Existen los mensajes de WhatsApp de esas conversaciones.
En noviembre del 2024, tres meses después de su charla, Concepción Carhuancho cumplió lo que había adelantado en su ponencia: mandó a prisión preventiva a sus dos investigados. Posteriormente, sin embargo, una Sala Superior le enmendó la plana y rechazó su decisión.
Los magistrados le metieron un jalón de orejas. Dijeron que no tenía sustento la implicancia de los investigados en la organización criminal, como él aducía. Por si fuera poco, una magistrada que integraba la Sala declaró que la resolución de Carhuancho no solo debía anularse, sino que él mismo debía ser apartado del caso.
¿Qué hará al respecto Janet Tello, la flamante presidenta del Poder Judicial? Nos vemos el otro martes.
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