
“Me apena decirlo hoy —tarde ciertamente—, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía un problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.
Esta es parte de la carta que, en abril de este año, el excanciller colombiano Álvaro Leyva Durán le escribió al presidente de ese país, el izquierdista Gustavo Petro. Leyva fue su canciller entre agosto del 2022 y mayo del 2024.
Su misiva, que causó conmoción política, describe parte de un viaje oficial que ambos hicieron a París, en donde el diplomático percibió que Petro era drogadicto. Aunque Petro lo ha negado, su forma enloquecida de gobernar le otorga verosimilitud a lo afirmado por Leyva.
Su última acción disparatada es haber acusado al Perú de supuestamente ‘copar’ territorio colombiano, específicamente el distrito de Santa Rosa de Loreto. Dicho lugar, ubicado entre las fronteras de Colombia y Brasil, se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país por tratados y demarcaciones desde 1922. Es decir, desde hace ¡103 años!
Allí no hay absolutamente nada de qué discutir. Pero también hay que señalar que, hasta la semana pasada, Santa Rosa era un pueblo olvidado. Recién el Gobierno peruano enviará la ayuda que tanto necesita.
Con este tipo de conflictos inexistentes, Petro pretende distraer y ocultar la grave crisis interna que enfrenta su gobierno, sumido en un deterioro de su economía y en casos de corrupción. Ha hecho bien la presidenta Dina Boluarte, quien se encontraba en Japón, en responder con tranquilidad, pero con firmeza y aplomo, a Petro, a quien ni los propios colombianos respaldan en su controvertida cruzada.
No es de extrañar el comportamiento bélico del colombiano. Hay que recordar que fue terrorista y formó parte del M-19, una organización que ensangrentó a ese país durante más de dos décadas.
Una de las acciones más violentas que perpetró el M-19 ocurrió en 1985. Sus huestes asaltaron el Palacio de Justicia colombiano y tomaron como rehenes a 350 personas. Durante dos días las mantuvieron secuestradas hasta que las fuerzas del orden ingresaron para rescatarlas. En la operación murieron 98 personas y 11 fueron declaradas desaparecidas. Petro no participó, pues estaba preso en ese momento.
Aquel atentado fue coordinado entre el M-19 y Pablo Escobar, el poderoso narcotraficante jefe del Cártel de Medellín, que en ese entonces también asolaba con violencia a su propia nación. Una prueba de que ambas lacras sociales son la misma cosa.
No es ficción, pero la realidad es que los colombianos eligieron a Gustavo Petro, un confeso terrorista, como presidente de su país. Petro es un peligro para toda la región. Nos vemos el otro martes.
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