Giulliana Loza: fiscalía quiere “recortar el derecho a la doble instancia” de Keiko Fujimori

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró este jueves que el Ministerio Público busca “recortar injustificadamente un derecho constitucional de Keiko Fujimori” con el recurso de nulidad presentado contra la apelación de su patrocinada a la orden de 15 meses de prisión preventiva.

A través de su cuenta de Twitter, Loza acusó al fiscal José Domingo Pérez de no proceder de manera objetiva y de desnaturalizar “cuestiones procedimentales y formales para tratar de bloquear” los derechos de su patrocinada

“Pese a que el Juez admitió la apelación que presentamos contra la injusta prisión preventiva impuesta a Keiko, la fiscalía ha presentado una nulidad y ahora pretende recortar injustificadamente su derecho constitucional a la pluralidad de instancias”, escribió Loza.

"Desnaturalizar cuestiones procedimentales y formales para tratar de bloquear derechos es algo que quedará grabado en la historia de un equipo que en lugar de defender a los peruanos vive de perseguir políticamente a Keiko Fujimori", señaló.

El pasado miércoles 5 de febrero el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que dicte la nulidad de la resolución que admite a trámite la apelación que interpuso la defensa de Keiko Fujimori para revocar la orden de prisión preventiva por 15 meses en su contra por el caso Odebrecht. Esto debido a que la apelación se presentó fuera del plazo de ley.

“Al haberse formalizado la interposición del recurso de apelación fuera de dicho término, el recurso de apelación debió ser declarado inadmisible”, sostuvo Pérez en diálogo con el diario El Comercio.

Con este pedido, el fiscal busca que no se admita el recurso de apelación y se declare consentido el fallo que ordena la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. Según informó el referido medio, la apelación de Fujimori Higuchi deberá regresar a primera instancia para que el juzgado correspondiente resuelva el pedido fiscal.

Cabe destacar que si se le da la razón a la fiscalía, la apelación ya no podrá ser revisada por una sala superior, y la defensa tampoco podría recurrir a la Corte Suprema mediante una casación.