
Servicios Generales Gálaga SAC acumula al menos tres sanciones económicas por incumplimientos en contratos con el Estado, antecedentes que hoy cobran relevancia tras su participación en la fallida distribución de material electoral en las Elecciones 2026. La empresa es señalada por la ONPE como responsable de los retrasos que afectaron el desarrollo de la jornada.
Uno de los casos más significativos se remonta al año 2020, cuando la compañía fue penalizada con más de 55 mil soles. La sanción se aplicó por incumplimientos en un contrato cercano a los 3 millones de soles, relacionado con el despliegue de material de sufragio y equipos informáticos.
Posteriormente, en enero de 2023, la empresa volvió a ser sancionada, aunque por un monto menor. En esa ocasión, recibió una penalidad de 1,330 soles en el marco de una orden de servicio vinculada al traslado de paquetería.
Ese mismo año, en septiembre, Servicios Generales Gálaga volvió a ser observada por su desempeño en otro proceso contractual, consolidando un historial de incumplimientos que ya había sido advertido en anteriores evaluaciones.

Sanciones previas y contrato millonario
Pese a este registro de penalidades, la empresa fue nuevamente contratada por la ONPE en marzo de 2026. En esta ocasión, obtuvo un contrato superior a los 6 millones de soles para encargarse del transporte del material electoral a nivel nacional.
Sin embargo, la ejecución del servicio estuvo marcada por retrasos en la entrega de cédulas, ánforas y padrones, lo que generó malestar entre los ciudadanos y afectó la instalación oportuna de mesas de votación en distintos puntos del país.
El historial sancionador también se suma a cuestionamientos sobre la capacidad operativa de la empresa. Hasta febrero de este año, contaba con apenas 13 trabajadores registrados ante la Sunat, aunque días antes del proceso electoral buscaba contratar cerca de 400 furgonetas para cumplir con la distribución.
Tras lo ocurrido, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía iniciaron diligencias en oficinas de la ONPE y locales vinculados a la compañía. Las investigaciones deberán determinar si las sanciones previas y los incumplimientos detectados guardan relación con el caos registrado durante la jornada electoral.

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