El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se acusa al gobierno de violentar los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte, sigue generando críticas de diversos sectores políticos, pero ya no solo contra esta institución, sino también contra el mismo Poder Ejecutivo. Fuerza Popular emitió ayer un comunicado, en donde cuestiona la posición ‘tibia’ de la mandataria para rechazar este informe.
“Resulta incomprensible que desde el Ejecutivo se salude el contenido de dicho informe cuando se cuestiona las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden y se indica que el Estado hizo un uso excesivo de la fuerza para controlar el accionar de grupos radicales y violentistas que azotaron el país”.
Por ello la exhortaron a ‘defender con pundonor los intereses patrios y no dejarse avasallar por informes políticamente sesgados que buscan la impunidad de aquellos que generaron caos, violencia y muerte’.
Como se recuerda, el informe de la CIDH señala que durante las protestas y acciones violentistas que hubieron en diciembre del 2022 y a inicios de este año, el Gobierno y las Fuerzas del Orden habrían cometido “ejecuciones extrajudiciales” y hasta usaron el término de “masacre”.
No obstante, se debe recordar que durante estas manifestaciones, en algunas se registraron acciones violentistas, como la quema de comisarías, y la toma de carreteras, esto debido a que estos grupos pedían la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y otro grupo de personas exigían la libertad de Pedro Castillo.
Al respecto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, aseguró que no se puede calificar de esa forma lo dicho por el Poder Ejecutivo. “No creo que (Dina Boluarte) sea calificada como tibia. Al contrario, creo que ayer ella y el premier (Alberto Otárola) han sido firmes”, sostuvo.
Ayer, Stuardo Ralón, relator de la CIDH para el Perú, dijo que serán las autoridades de Perú las que dirán si ocurrieron ejecuciones extrajudiciales o masacre durante las protestas. “(El informe) no tiene connotación de una investigación de carácter penal”, dijo.
Enfatizó que se empleó el término ‘rompimiento del orden constitucional’ a lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, cuando intentó dar un golpe de Estado.
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