La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, en el marco de los casos Provías y Petroperú.
Todo esto a solo cinco meses de haber asumido la máxima magistratura de la Nación y tras la acusación que le formuló en diciembre último el controlador general Daniel Soria ante la titular del Ministerio Público.
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El presidente será procesado por las licitaciones que lograron con el Estado empresas vinculadas a la ‘lobista’ Karelim López (Provías) y el empresario Samir Abudayeh (Petroperú), tras reuniones en Palacio de Gobierno y la casa de Breña.
En el primer caso, según denuncia periodística, Castillo habría intercedido a favor del Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía que asesoraba López, para que gane la licitación de una obra por 232,5 millones de soles.
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Mientras que el segundo caso corresponde al jugoso contrato por 74 millones dólares que obtuvo sospechosamente la empresa de Abudayeh con la entidad estatal Petroperú. Tras el destape, el convenio fue anulado.
Además, según informó el Ministerio Público en un comunicado, en paralelo el mandatario también será procesado preliminarmente por los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, donde se le imputa tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En el mismo oficio, la Fiscalía precisa que “el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta”.
INVOLUCRADO
Para la experta en derecho, Romy Chang, ‘la Fiscalía al abrir investigación ha reconocido que el presidente podría estar involucrado en hechos delictivos’.
“Ahora se está estableciendo que él es un posible implicado en actos ilegales, o sea una persona que podría haber cometido delitos. En otras palabras, es un presunto delincuente”, señaló.
SEVERA PENA
El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia indicó que el mandatario podría recibir una pena de hasta 30 años de cárcel por los delitos que le imputan, si se comprueba su culpabilidad en ambos casos.
Sin embargo, precisó que este no puede ser acusado por la Fiscalía mientras dure su gestión ni se le puede dar prisión preventiva, porque goza de inmunidad presidencial (antejuicio)’
Más temprano, en la ceremonia de inicio del año judicial, Castillo dijo: “Mi gobierno respetará la autonomía de los órganos de de justicia” y exhortó a los jueces a ‘no sucumbir ante presiones ni chantajes’.
BOLUARTE SERÍA REEMPLAZO
Susel Paredes, legisladora del Partido Morado, se refirió a los posibles escenarios que podría enfrentar el jefe de Estado.
“Se presentó un proyecto para que se le procese directamente por delitos de corrupción de funcionarios. Tiene que modificarse este artículo (117 de la Constitución), sino lo que va a pasar es que va a seguir la investigación, pero no va a poder salir de la presidencia”, indicó.
Agregó que otra posibilidad es que la Comisión Permanente del Legislativo le formule una acusación por infracción constitucional para sacarlo de Palacio.
El tercer escenario, dijo, es la vacancia presidencial que no está en sus planes apoyar. De ocurrir esto último, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, asumiría las riendas del país.
HABLAN LOS CONGRESISTAS
Guido Bellido (Perú Libre): “Algunas personas inescrupulosas usarán esto para intentar vacarlo”
Elvis Vergara (Acción Popular): “Al presidente solo le queda allanarse a la investigación y dar todas las facilidades del caso”
Katy Ugarte (Perú Libre): “No se puede juzgar a alguien antes. Dejemos que la Fiscalía haga su trabajo”
Martha Moyano (Fuerza Popular): “Es lamentable que quien encarna la nación se vea envuelto en presuntos delitos”
Patty Chirinos (Avanza País): “Si las investigaciones son sin presiones políticas, la verdad sobre actos de corrupción saldrán a la luz”
Patricia Juárez (Fuerza Popular): “Es saludable la investigación. Es una buena oportunidad para que deslinde las imputaciones
DATAZOS
* El Ministerio Público ha ingresado seis veces a Palacio de Gobierno para realizar diligencias. En una de ellas se encontró 20 mil dólares en el baño del despacho de Bruno Pacheco, exsecretario presidencial y amigo de Karelim López.
