
La difusión del reportaje televisivo encendió nuevamente las alertas en el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación evalúa abrir una nueva investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, esta vez por la contratación de cinco personas con las que se reunió previamente en Palacio de Gobierno.
Fuentes fiscales del diario El Comercio indicaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se encuentra analizando los primeros elementos que se hicieron públicos tras la emisión del informe periodístico. Según precisaron, el caso aún se encuentra en etapa de evaluación y no se descarta la apertura de una nueva carpeta fiscal.

Desde el Ministerio Público se explicó que la eventual investigación podría iniciarse de manera independiente o como una ampliación del caso que ya se sigue contra Jerí Oré por las reuniones con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. La decisión dependerá de la conexidad de los hechos y de su vinculación con la función presidencial.
“Acá hay varias cosas; se evalúa por la persona, se establece la conexidad de los hechos, además está vinculado a la función de la persona”, señalaron las fuentes consultadas, al referirse a los criterios que se toman en cuenta para definir la vía fiscal.
REUNIONES Y CONTRATOS BAJO LA LUPA
El reportaje difundido por Cuarto Poder reveló que Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraun Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva se reunieron con José Jerí en Palacio de Gobierno y, posteriormente, fueron contratadas en entidades del Estado como Essalud, los ministerios del Ambiente y de la Producción, la Senaju y el propio Despacho Presidencial.
Según el informe, Vela Ramírez ingresó a Palacio el 1 de noviembre de 2025, día feriado, a las 6:48 a. m., y veinte días después obtuvo una orden de servicio en Essalud por S/6 mil. Sin haber culminado ese contrato, accedió luego a una locación Fag en el sector Ambiente por S/11 mil.
El reportaje también detalló que Vela Ramírez ya había visitado el despacho de la presidencia del Congreso cuando Jerí Oré ocupaba ese cargo y, tras esas reuniones, obtuvo contratos con el Comité de Damas del Legislativo y el Ministerio de la Producción.


A esa reunión en Palacio no acudió sola. Cristina Beraun Rojas ingresó con ella y ambas se retiraron a la misma hora. Días después, Beraun obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial por S/6,500 y, en meses previos, había contratado con el Comité de Damas del Congreso en los mismos periodos que Vela Ramírez.
Situaciones similares se repiten en los casos de Fiorella Melgarejo Sánchez, quien visitó al presidente encargado en varias fechas de octubre de 2025 y luego obtuvo una orden de servicio por S/11 mil, y de Violeta Beas Otero, quien tras reunirse con Jerí fue designada en la Senaju. Alicia Camargo Leiva también fue contratada en Palacio días después de una reunión con el mandatario.

POSIBLES DELITOS EN EVALUACIÓN
Especialistas consultados coincidieron en que existen elementos indiciarios para que la Fiscalía abra una investigación. El exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que el caso podría dar lugar a una nueva carpeta fiscal, al tratarse de hechos distintos al de los empresarios chinos.
Andía explicó que se tendría que analizar la situación de cada una de las personas contratadas, especialmente aquellas con mayor cercanía al Despacho Presidencial, para evaluar una posible negociación incompatible o patrocinio ilegal.
En la misma línea, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la secuencia de reuniones personales seguidas de contrataciones constituye un elemento de sospecha que puede justificar una investigación por delitos como patrocinio ilegal o contratación ilegal, dependiendo de si se cumplieron los perfiles y procedimientos exigidos.

Desde el Ejecutivo, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia aseguró que las contrataciones se realizaron conforme a la normativa vigente y que las visitas fueron debidamente registradas en los aplicativos correspondientes.
No obstante, otros especialistas recordaron que el presidente debe regirse por el Código de Ética de la Función Pública y que, si bien una reunión no constituye un delito por sí sola, la Fiscalía puede abrir diligencias ante la existencia de una sospecha inicial.
Mientras el Ministerio Público evalúa los siguientes pasos, el caso vuelve a colocar a José Jerí bajo escrutinio público y mantiene abierta la posibilidad de una nueva investigación fiscal en torno a su gestión y las contrataciones realizadas tras reuniones en Palacio de Gobierno.










