La Fiscalía Suprema de Familia, dirigida por el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, puso punto final a la investigación preparatoria contra José Jerí, presidente del Congreso y legislador de Somos Perú, por el caso de presunta violación sexual que lo acompañaba desde inicios de año. Tras ocho meses de diligencias, Gálvez dispuso el archivo de la denuncia y su exclusión definitiva del proceso.
El caso se remonta a una celebración de Año Nuevo, en enero de 2025, en una casa alquilada en Canta. La denunciante, que reconoció haber sido víctima de violación, señaló que despertó en estado de inconsciencia y con sospechas hacia Jerí al encontrar un polo suyo cerca. Sin embargo, nunca lo identificó de forma directa como su agresor.
Las declaraciones de testigos resultaron determinantes. Según la versión recogida por la Fiscalía, Jerí estaba en otra habitación con su pareja en el momento de los hechos, y no con la agraviada.
La investigación apuntó a otro asistente de la reunión: Marco Antonio Cardoza, amigo del congresista, quien será procesado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.
En conferencia de prensa, Jerí sostuvo que la resolución fiscal se sustentó en tres pilares: que la descripción física del presunto agresor no coincidía con la suya, que no hubo oportunidad para interactuar con la denunciante durante la hora señalada y que las pruebas científicas no eran compatibles. “No tuve ningún tipo de participación directa o indirecta”, declaró.
El parlamentario también cuestionó la prolongación de la investigación, afirmando que los elementos exculpatorios estaban disponibles desde marzo. Según dijo, antes de postular a la presidencia del Congreso informó a sus colegas sobre estos resultados, lo que habría contribuido a su elección en julio.
La decisión, sin embargo, no cierra del todo el capítulo. La denunciante tiene cinco días para apelar, y si lo hace, otro fiscal supremo podría reabrir el caso contra Jerí. Por ahora, el legislador dice sentirse aliviado y asegura que, de ser necesario, participará como testigo.
El fiscal Tomás Gálvez, responsable del archivo, no es ajeno a la polémica. En 2021, la Junta Nacional de Justicia lo destituyó por presuntos vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, sanción que fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2025 por vulneración al debido proceso. Además, su militancia política durante el ejercicio fiscal fue cuestionada por contravenir la Ley de la Carrera Fiscal.
Mientras tanto, Jerí aún enfrenta otras investigaciones: por presunto enriquecimiento ilícito y por desobediencia a la autoridad, luego de incumplir una orden judicial de someterse a tratamiento psicológico. También debe responder a la Comisión de Ética por una denuncia de la empresaria Blanca Ríos, quien lo vincula a un presunto pago de coima de S/150 mil para favorecer una obra en Cajamarca cuando presidía la Comisión de Presupuesto.
El caso que lo mantuvo bajo la lupa mediática desde inicios de 2025 podría cerrarse para él, pero las sombras judiciales y políticas continúan sobre su carrera. En los próximos días, la Fiscalía Provincial de Canta avanzará con el expediente contra Cardoza, mientras el país sigue observando de cerca el desenlace de uno de los procesos más mediáticos del año.
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