El Gobierno peruano recibió esta semana a una delegación de expertos estadounidenses enviada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras agencias policiales estatales. El grupo, liderado por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI, llegó a Lima para brindar asistencia técnica y analizar la situación del país frente a la criminalidad.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, explicó que el encargo principal a los especialistas consiste en dos tareas: elaborar un diagnóstico y plantear recomendaciones específicas sobre cómo enfrentar el problema de la delincuencia. Según detalló, la misión busca aportar una mirada externa que complemente la estrategia nacional.
Esta visita fue solicitada directamente por el presidente José Jerí, quien convocó una primera reunión de trabajo en Palacio de Gobierno. Durante ese encuentro, el mandatario señaló que la lucha contra la criminalidad enfrenta obstáculos críticos como “fallas estructurales en el control fronterizo”, la falta de recursos tecnológicos y un marco normativo que requiere ser revisado.
Jerí ha insistido en que el propósito es construir un plan de seguridad contundente, con acciones definidas, verificables y que sirvan como hoja de ruta para el próximo gobierno. La consigna, según expresó, es clara: reducir la criminalidad a través de herramientas más eficaces y sostenibles.
La delegación permanecerá en Lima entre siete y diez días. Durante ese periodo, sostendrá reuniones con representantes del Ministerio del Interior, Defensa, Cancillería y la Policía Nacional, así como con sectores vinculados a la seguridad interna y miembros del Congreso.
En la primera sesión consultiva participaron figuras clave del Ejecutivo, incluido el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y los ministros Hugo de Zela, César Díaz y Vicente Tiburcio. También estuvieron presentes el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el congresista Alfredo Azurín, titular de la comisión especial de seguridad ciudadana.
De acuerdo con Cancillería, la asesoría estadounidense no implica adoptar modelos extranjeros de manera automática. Por el contrario, se utilizará como insumo para robustecer un plan de elaboración peruana. “No estamos pretendiendo buscar un plan extranjero”, enfatizó de Zela al aclarar que la cooperación servirá como aporte técnico.
El trabajo conjunto incluirá revisión de información, levantamiento de datos de campo y nuevas rondas de diálogo con entidades estatales. La embajada de Estados Unidos destacó que los expertos poseen amplia experiencia en crimen organizado, investigación criminal y cooperación internacional.
Mientras duren las reuniones, las autoridades peruanas esperan obtener lineamientos prácticos que puedan implementarse en el corto plazo. La prioridad es reforzar el control de fronteras, incorporar tecnologías de vigilancia y actualizar el marco legal para enfrentar la creciente inseguridad.
El presidente Jerí reiteró que, si bien se ha mencionado el modelo Bratton como inspiración, este no será la base exclusiva del nuevo plan. “Una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única”, afirmó. También se revisarán experiencias previas, como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, junto a otros esquemas internacionales.
La estrategia de seguridad que resulte de este proceso busca dejar un documento sólido y fiscalizable para la siguiente administración. El jefe del Estado insistió en que el país necesita acciones más firmes frente a la delincuencia y que esta cooperación intergubernamental forma parte de un esfuerzo mayor por superar las deficiencias actuales.
De Zela también adelantó que se evalúan opciones de apoyo con otros países, aunque sin detallar cuáles, con el objetivo de complementar la asesoría que ya se recibe de los especialistas estadounidenses.
La agenda continuará durante diciembre con nuevas reuniones técnicas entre los equipos peruanos y la delegación norteamericana, que ya inició su evaluación del contexto local. El Gobierno espera que, con esos aportes, se puedan definir medidas más efectivas para recuperar el control de las calles y mejorar la seguridad ciudadana en el país.
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