La escena política suma un nuevo elemento en medio de un caso que ya venía cargado de tensión. Un informe televisivo puso sobre la mesa un dato que conecta directamente al entorno más cercano del exfiscal José Domingo Pérez con el gobierno de Pedro Castillo.
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La revelación apunta a su esposa, Vanessa Medina Muñoz, quien —según el reportaje de 24 Horas— ocupó un cargo como consultora en el Estado durante la gestión castillista. El vínculo, que se extiende por varios meses, se conoce justo cuando Pérez asume la defensa legal del exmandatario.
JOSE DOMINGO PÉREZ ASUME LA DEFENSA DE PEDRO CASTILLO
El propio exfiscal anunció su decisión desde el penal de Barbadillo. Allí sostuvo que Castillo se encuentra “injustamente recluido” y que su objetivo es lograr su libertad, en un proceso que ahora busca revertir la sentencia en su contra.
La defensa no solo se limitará al ámbito judicial. Pérez adelantó que también llevará el caso más allá de los tribunales, en un contexto en el que considera que su patrocinado es víctima de una vulneración de derechos.
¿QUÉ HACÍA EN EL ESTADO?
De acuerdo con el informe, Vanessa Medina Muñoz se desempeñó como consultora FAG en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Su labor se desarrolló entre noviembre de 2021 y junio de 2022.
Durante ese periodo, percibió un sueldo mensual de 13,700 soles. Su contratación se dio en el marco de la gestión del entonces ministro Óscar Zea, identificado como parte del entorno político del gobierno de Castillo.
El reportaje también señala que no fue su única experiencia en el aparato estatal durante ese periodo. Antes de ese cargo, ya había trabajado como consultora FAG en el Ministerio de la Producción.
Ese segundo vínculo se registró entre septiembre y noviembre de 2021, lo que evidencia una continuidad de contratos en los primeros meses del gobierno castillista.
DEFENSA Y CONTEXTO JUDICIAL
La revelación aparece en paralelo a un giro en la trayectoria de José Domingo Pérez. El exfiscal, que integró el Equipo Especial Lava Jato, ahora actúa como abogado del expresidente.
“Él se encuentra secuestrado en este momento. No se le permitió el ejercicio de libre defensa y estuvo juzgado por un tribunal compuesto por jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta y tenían una sentencia anticipada conforme se ha podido determinar en el desarrollo de lo que fue el juzgamiento”, señaló el exfiscal.
Su acreditación ya fue presentada ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde se tramita la apelación contra la sentencia que condenó a Castillo por conspiración para la rebelión.
El exmandatario cumple una pena de 11 años, 5 meses y 15 días, tras un proceso judicial que se extendió por ocho meses. Fue detenido el 7 de diciembre de 2022, luego de emitir un mensaje en el que subvertía el orden constitucional.
Acreditación de José Domingo Pérez como abogado de Pedro Castillo, ya figura en el Poder Judicial
Pérez sostiene que el fallo es injusto y que su defendido no contó con garantías adecuadas durante el juicio. En esa línea, afirmó que existe un contexto en el que se le ha privado de su libertad de manera arbitraria.
Además, indicó que el propio Castillo le pidió transmitir un mensaje vinculado a un proyecto político que busca su liberación. Según sus palabras, se trata de una “resistencia legal” frente a la situación actual.
El caso se desarrolla mientras el exmandatario continúa siendo investigado por presuntos delitos de corrupción y organización criminal durante su gestión. En paralelo, el Poder Judicial amplió su prisión preventiva por 12 meses en uno de los procesos abiertos.
En medio de este escenario, el dato sobre el vínculo laboral de la esposa de Pérez con el gobierno de Castillo añade un elemento más a una historia que sigue en desarrollo y que ahora combina defensa legal, antecedentes políticos y decisiones que serán evaluadas en los tribunales.
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