
El nombre de Roger Arévalo Ramírez no solo aparece hoy ligado a la crisis de Petroperú. También está marcado por una denuncia que vuelve a tomar fuerza. A días de asumir la presidencia del directorio, los detalles de una acusación por presunto acoso sexual han encendido la polémica.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2019 por una joven de 20 años en la comisaría de San Isidro. Según el documento policial, los hechos ocurrieron semanas antes, dentro de una oficina ubicada en un inmueble de ese distrito, donde la denunciante laboraba.

De acuerdo con el atestado, el entonces funcionario, que tenía 74 años, habría realizado “abrazos, tocamientos en el rostro, caricias en el rostro y besos en la mejilla y rostro” sin el consentimiento de la joven. La situación, según el testimonio, no habría sido un hecho aislado.
El documento también precisa un episodio ocurrido el 12 de septiembre de ese año. “El denunciado le dio besos en el cuello”, se detalla, reforzando la versión de una conducta reiterativa dentro del espacio laboral.
La joven indicó además que no denunció inmediatamente por miedo. “Manifiesta la denunciante que no dijo nada por miedo y temor, y refiere que sufre de nervios”, se lee en el reporte policial que fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú.
INVESTIGACIÓN FISCAL Y CASO PENDIENTE
Actualmente, Arévalo figura como investigado en el Tercer Despacho de la 5.ª Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima. El estado de la denuncia, según los registros, se mantiene pendiente.
Pero este no es el único proceso en el que aparece su nombre. El ahora presidente del directorio de Petroperú también es investigado por el caso conocido como ‘Los árbitros de Odebrecht’.
Según la tesis del Ministerio Público, Arévalo habría formado parte de esta presunta organización criminal como perito, emitiendo informes que habrían favorecido a la empresa brasileña en arbitrajes relacionados con el proyecto Interoceánica Sur.
A ello se suman sus vínculos. Arévalo es tío de Hugo Chávez Arévalo, exgerente de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, quien fue investigado por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y supuestos pagos para acceder al cargo.
En su trayectoria pública, el economista también fue viceministro de Minas durante el gobierno de Alan García, además de desempeñarse como asesor en el Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso. Asimismo, ocupó cargos como presidente del Banco Minero del Perú y asesor principal de Centromin Perú.

CRISIS EN PETROPERÚ Y MILLONARIAS DECISIONES
La designación de Arévalo se produce en un contexto especialmente delicado. Petroperú atraviesa una crisis financiera que ha obligado a tomar medidas urgentes para su sostenibilidad.
Un decreto de urgencia emitido el 31 de diciembre de 2025 estableció acciones para la reorganización patrimonial de la empresa. En ese escenario, se evalúa incluso una nueva inyección de capital que podría alcanzar hasta 2 mil millones de dólares.
A la par, la empresa mantiene altos costos laborales. Solo en bonificaciones como asignaciones especiales y extraordinarias se superan los 19 millones de soles anuales.

En total, los beneficios adicionales contemplados en convenios colectivos ascienden a 83 conceptos, con un costo de 276 millones de soles al año, sin incluir remuneraciones.
El proceso de reorganización también contempla dividir las operaciones en bloques patrimoniales y evaluar la incorporación de capital privado, con el objetivo de asegurar la continuidad de la cadena de producción energética.
Así, mientras Petroperú intenta sostenerse en medio de una crisis millonaria, la figura de su nuevo presidente queda marcada por una denuncia por presunto acoso sexual y otras investigaciones que hoy vuelven a colocarlo en el centro del debate.










