El nombre de Iván Paredes Yataco, actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), está en el centro de una tormenta política y judicial. Una serie de grabaciones difundidas por el programa Cuarto Poder lo señalan como protagonista de presuntos cobros ilegales dentro del sistema penitenciario. En los audios, el funcionario aparece reconociendo el dinero recibido y ofreciendo su devolución.
“Le voy a depositar sus 500 dólares mañana... le voy a dar mi reloj, cuesta 800”, se escucha en una de las conversaciones. En otro fragmento, Paredes promete devolver los 80 mil soles en tres partes. Según la denunciante, ese monto habría sido entregado con la expectativa de obtener la liberación de su esposo, un interno del penal de Ayacucho.
La denuncia fue presentada por Adela Huamancusi, esposa del ex policía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro. Ella entregó los audios, fotografías y mensajes que formarían parte de las pruebas que hoy revisa la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con la investigación, Paredes habría solicitado el dinero entre 2019 y 2020, cuando todavía no ocupaba la presidencia del INPE. Sin embargo, el caso recobró fuerza ahora que lidera una de las instituciones más sensibles del sistema de justicia.
En los registros se escucha a quien sería el propio Paredes comprometerse a entregar parte del dinero: “Yo le dejo ahorita mi reloj, cuesta 800 dólares... o me espera hasta el viernes para darle una parte”. A lo largo de las conversaciones, nunca niega haber recibido el dinero.
El abogado de la denunciante, Carlos Rivera, señaló que el jefe del INPE ha sido citado en cuatro oportunidades por la Fiscalía y no ha acudido a ninguna de ellas. “Se niega a declarar, evade a la justicia. Si él dice que no es su voz, debería presentarse y demostrarlo”, dijo el letrado.
La Fiscalía Anticorrupción ya dispuso una pericia fonética para confirmar si la voz en las grabaciones pertenece efectivamente a Iván Paredes Yataco. Hasta el momento, el funcionario no ha brindado declaraciones públicas ni a los medios ni al Ministerio Público.
Intentos por recoger su versión fueron infructuosos. Según se informó, evitó responder al equipo de prensa que lo buscó en su domicilio y en su oficina. Ingresó a su vivienda por la cochera oficial para no ser captado por las cámaras.
El caso fue también objeto de pronunciamiento en el Congreso, que recordó que el uso de bienes públicos para fines personales está prohibido. El trabajador implicado en una parte del proceso administrativo renunció el 1 de noviembre, mientras el expediente fue derivado a la Fiscalía.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Iván Paredes continúa en su cargo. Fue designado durante la gestión de Dina Boluarte, mediante un decreto que redujo los requisitos para los altos puestos penitenciarios. Hoy, sigue apareciendo junto al ministro del Interior, José Jerí, en operativos y actividades oficiales.
Dentro del INPE, algunos funcionarios aseguran que la entidad mantiene su operatividad y legitimidad, aunque reconocen que la situación ha dañado su imagen institucional. El caso ha abierto un debate sobre los mecanismos de control interno y la forma en que se evalúan los antecedentes de quienes asumen cargos de alta responsabilidad.
La investigación fiscal también busca determinar si existió tráfico de influencias o una red de corrupción dentro del sistema penitenciario, y qué destino tuvieron los recursos mencionados en los audios. Mientras tanto, la denunciante asegura que teme por su seguridad y la de su esposo, aún recluido en prisión.
El escándalo ha puesto nuevamente bajo la lupa la vulnerabilidad del sistema penitenciario peruano. Un sistema que, bajo el peso de la corrupción y el poder, parece haber perdido su norte: custodiar la ley y no negociar con ella.
Contenido GEC