Los partidos políticos que hoy tienen representación en el Congreso parecen haber dejado de lado el filtro moral al momento de definir a sus precandidatos para las Elecciones Generales de 2026. Al menos nueve legisladores denunciados por el presunto recorte de sueldos a trabajadores —el conocido caso ‘mochasueldos’— buscarán un nuevo cargo en el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino.
Según un informe del diario Correo, las agrupaciones involucradas van desde Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular, hasta Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. Pese a las investigaciones abiertas en el Ministerio Público y la Comisión de Ética Parlamentaria, los nombres de estos congresistas figuran con normalidad en las listas internas de sus partidos.
En la lista de Alianza para el Progreso, que lidera César Acuña, aparecen las congresistas Rosío Torres, María Acuña y Magaly Ruiz, quienes postularán al Senado, mientras que el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, tentará un escaño en la Cámara de Diputados. En el caso de Magaly Ruiz, un audio fiscalizado revela que intentó manipular la declaración de una extrabajadora del Congreso, contratada de manera irregular y a quien se le habría descontado parte de su sueldo.
“Ella tiene que negar todo. Si dice sí, eso me daría cárcel”, se escucha en la grabación que forma parte de la investigación.
Por el lado de Podemos Perú, los legisladores José Arriola y Heidy Juárez serán precandidatos al Parlamento Andino y a la Cámara de Diputados, respectivamente. Ambos llegaron al Congreso con otras agrupaciones, pero ahora buscan un nuevo espacio político bajo el liderazgo de José Luna Gálvez.
En tanto, María Agüero, de Perú Libre, intentará un escaño en el Senado, pese a que un informe de la Comisión de Ética propone suspenderla 120 días por denuncias similares. Hilda Portero, de Acción Popular, también fue incluida en la lista de precandidatos a la Cámara de Diputados, mientras que Katy Ugarte participará en las internas de Juntos por el Perú, aún sin definir el cargo exacto al que postulará.
Según las investigaciones fiscales, varios de estos legisladores habrían exigido a sus trabajadores entregar entre el 10% y el 20% de sus remuneraciones, bajo amenaza de despido o represalias. Estas prácticas podrían configurar los delitos de concusión o cohecho pasivo propio.
El Ministerio Público continúa reuniendo pruebas, declaraciones y documentos que respalden el desvío irregular de fondos en perjuicio del Estado.
Para el politólogo Omar Awapara, la inclusión de congresistas cuestionados en las listas partidarias refleja una subestimación del votante. “Han visto su gran porcentaje de desaprobación, pero piensan que la exposición pública puede favorecerlos. Sin embargo, el votante castiga y la tasa de reelección es baja”, afirmó.
Awapara recordó que, desde enero, está disponible la plataforma ‘Conoce a tu candidato’, que permite verificar los antecedentes de quienes buscan cargos de elección popular.
El analista César Campos coincidió en que muchos de estos postulantes buscan la reelección como una vía para mantener la inmunidad parlamentaria. “El porcentaje de reelección suele ser bajo, entre 18% y 20%, y corresponde a quienes no se han visto envueltos en escándalos”, explicó.
Campos añadió que la política peruana se ha convertido en “un charco de lodazal” donde los partidos priorizan el interés personal sobre la ética. “En tiempos de hipocresía, cualquier sinceridad parece cinismo. Hoy, las organizaciones políticas ya no piensan en la gente”, lamentó.
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