
La crisis electoral que marcó las Elecciones Generales 2026 suma un nuevo capítulo. Esta vez, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió dar un paso clave: iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras los graves problemas registrados durante la jornada del 12 de abril.
La medida fue adoptada por unanimidad en un pleno extraordinario, luego de que más de 52 mil peruanos vieran restringido su derecho al voto debido a retrasos en la apertura de mesas y fallas en la distribución del material electoral.

El anuncio llega en medio de un clima de creciente presión sobre la ONPE, cuestionada por la organización del proceso. La propia JNJ informó que también solicitará un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto, documento que será clave para evaluar su permanencia en el cargo.
Desde la entidad, se precisó que estas acciones se ejecutan dentro del marco constitucional y legal, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de los involucrados.
CAOS ELECTORAL BAJO LA LUPA
El detonante de esta decisión fueron las múltiples denuncias ciudadanas por los problemas registrados durante la jornada electoral, especialmente en Lima, donde la instalación de mesas se vio seriamente afectada.
Frente a ello, Corvetto ofreció disculpas públicas y calificó lo ocurrido como un “fallo logístico puntual”. Además, anunció que se iniciarían trámites administrativos para evitar que electores y miembros de mesa afectados reciban sanciones.
“Para cada uno de ellos […] iniciaremos los actos administrativos pertinentes”, señaló el titular de la ONPE, al confirmar que la votación se extendería al lunes 13 de abril para quienes no pudieron sufragar.
Sin embargo, la situación no quedó ahí. Las fallas en la entrega del material electoral provocaron largas colas, malestar ciudadano y una ola de críticas que terminó por escalar a instancias de control.

DETENCIÓN Y RENUNCIA AGRAVAN CRISIS
En paralelo, la crisis sumó un hecho aún más grave: la detención del entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas.
El funcionario fue intervenido por la Policía Nacional y el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, vinculados a las fallas logísticas.
Horas antes de su detención, Samamé Blas había presentado su renuncia, reconociendo su responsabilidad en los problemas registrados durante el despliegue del material electoral.

Según las diligencias fiscales, el exfuncionario habría tenido participación en decisiones clave relacionadas con la contratación del servicio de transporte, lo que ahora forma parte de la línea de investigación.
Este escenario refuerza las sospechas sobre posibles fallas internas dentro de la ONPE, más allá de las responsabilidades inicialmente atribuidas a empresas externas.
Mientras tanto, la Contraloría y el Ministerio Público continúan evaluando el proceso de contratación, la ejecución del servicio y la actuación de los funcionarios involucrados.
La investigación recién comienza, pero el impacto ya es evidente: una elección marcada por el caos ha puesto en cuestión la capacidad operativa del sistema electoral y ha abierto un proceso que podría definir el futuro del jefe de la ONPE.
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